“Una sociedad no recupera la tranquilidad contando uniformes, sino comprobando que las instituciones pueden proteger la vida, garantizar derechos y responder por sus obligaciones”.
Hay una pregunta que conviene colocar en el centro de toda evaluación de la seguridad pública en Sinaloa:
¿Cuándo puede decirse que un operativo tuvo éxito?
La respuesta no debería depender de la cantidad de patrullas que recorren las calles, del número de efectivos que llegan a una zona ni de la espectacularidad de los aseguramientos. Esos datos pueden ser relevantes, pero no bastan.
La seguridad se acredita, sobre todo, cuando disminuyen los riesgos para la población, se previenen los delitos, se esclarecen los hechos y las personas pueden desarrollar su vida cotidiana sin que el miedo se convierta en una costumbre.
La diferencia parece elemental.
Sin embargo, entre el despliegue de fuerzas y la tranquilidad ciudadana existe una distancia que las conferencias de prensa no siempre consiguen explicar.
El puerto y la vida cotidiana
Las informaciones reunidas en la prensa sinaloense durante octubre describen un escenario inquietante en Mazatlán:
Homicidios, hechos violentos en espacios públicos y decisiones comerciales condicionadas por la percepción de inseguridad.
La cancelación de la Expoferia Canaco 2026, por ejemplo, fue presentada en los materiales periodísticos como una decisión relacionada con el temor a exponer a las familias y con las consecuencias económicas de esa incertidumbre.
Cada episodio requiere su propia investigación y no todos los problemas tienen las mismas causas.
Pero, vistos en conjunto, plantean una cuestión pública legítima:
¿Cómo se traduce la presencia de las instituciones de seguridad en una protección perceptible para habitantes, visitantes, trabajadores y comerciantes?
Un destino turístico no se protege únicamente resguardando sus principales avenidas.
También necesita condiciones para que sus habitantes transiten, sus negocios abran, sus trabajadores regresen a casa y sus visitantes disfruten de los espacios públicos sin quedar expuestos a riesgos evitables.
La percepción ciudadana no sustituye a las estadísticas, pero tampoco debe descartarse como si fuera un asunto de propaganda.
Cuando el temor modifica horarios, actividades y decisiones económicas, se convierte en un problema social que merece medirse y atenderse.
Las prisiones también forma parte de la seguridad pública
Los hechos registrados los días 8 y 9 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, dieron a esta discusión una dimensión particularmente grave.
Los reportes periodísticos consignaron doce personas fallecidas en dos episodios de violencia, entre ellas un niño que se encontraba de visita, además de personas heridas.
El despliegue de fuerzas estatales y federales permitió intervenir ante la emergencia.
Pero contener una crisis después de que estalla no equivale a demostrar que existían controles suficientes para impedirla.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró una calificación de 5.25 para El Castillo y de 4.79 para Goros II, en Ahome.
La evaluación estatal fue de 5.02. El diagnóstico señaló deficiencias relacionadas con personal de custodia, gobernabilidad, servicios médicos y presencia de actividades ilícitas.
Además, por razones de seguridad, la CNDH no pudo supervisar los centros de Aguaruto y de la Región del Évora.
Estos datos no demuestran por sí solos la causa de cada hecho violento ni permiten atribuir responsabilidades individuales. Sí constituyen antecedentes institucionales que merecen una explicación pública.
La propia metodología de la CNDH advierte que los resultados deben leerse atendiendo a las condiciones específicas de cada centro y que las cifras de 2025 no son directamente comparables, en términos aritméticos, con las del ejercicio anterior debido a la ampliación de la cobertura.
La pregunta, por tanto, no se resuelve anunciando la construcción de una nueva prisión; es una solución a largo plazo.
La infraestructura puede ser necesaria, pero no sustituye a la vigilancia efectiva, a la capacitación,a los protocolos, a la supervisión independiente ni a la investigación de posibles irregularidades.
Una cárcel es parte del sistema de seguridad. Si dentro de sus muros existen condiciones que permiten la violencia o impiden la supervisión ordinaria, el problema rebasa los límites de la penitenciaría.
Aguaruto y la obligación de rendir cuentas
Los recortes periodísticos también consignan el aseguramiento de armas, drogas, dispositivos de comunicación y otros objetos prohibidos en el penal de Aguaruto.
La magnitud y frecuencia de los decomisos abre preguntas sobre los mecanismos de ingreso, los controles internos y la responsabilidad administrativa.
Pero conviene mantener el rigor:
Un decomiso acredita que determinados objetos fueron localizados y asegurados, según el reporte correspondiente; pero por sí solo, no demuestra quién los introdujo, quién permitió su ingreso ni qué funcionarios incurrieron en una falta.
Es precisamente para establecerlo que se requieren investigaciones documentadas, información verificable y procedimientos que determinen responsabilidades sin fabricar culpables anticipados.
La rendición de cuentas no consiste en encontrar rápidamente a alguien a quien atribuir el problema.
Consiste en explicar qué ocurrió, qué controles fallaron, quién tenía la obligación de supervisarlos y qué medidas se adoptarán para evitar que vuelva a suceder.
¿Y quién vigila a quienes nos cuidan?
Otros hechos anteriores reportados por los medios, recoge denuncias periodísticas sobre presuntos actos de intimidación, hostigamiento y exigencias de dinero atribuidos a elementos que participan en operativos federales.
También refiere un incidente en el que un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana habría empujado a un periodista que documentaba un operativo en La Laguna Colorada, al sur de Culiacán.
Son señalamientos que deben investigarse y cuya veracidad no puede darse por demostrada únicamente porque aparezcan publicados. Pero tampoco deben desecharse sin revisión.
La obligación de las autoridades es investigar con imparcialidad, proteger a quienes denuncian y ofrecer información sobre las conclusiones de los procedimientos.
El uniforme no convierte a nadie en culpable por anticipado, pero tampoco coloca a nadie por encima de la ley.
En una sociedad democrática, las instituciones de seguridad necesitan autoridad moral y valentía para cumplir su cometido, y controles para impedir los abusos.
Ambas cosas se complementan.
La supervisión no debilita a una institución que actúa correctamente; y si contribuye a fortalecer su legitimidad.
Medir para corregir
Si queremos evaluar la seguridad pública con algo más que impresiones, hace falta observar indicadores que permitan comparar periodos y territorios:
Evolución de los delitos, esclarecimiento de investigaciones, atención a víctimas, tiempos de respuesta, medidas de prevención, condiciones de los centros penitenciarios y resultados de las investigaciones por presuntos abusos.
También importa saber qué información falta, qué datos no son comparables y qué compromisos institucionales tienen plazos verificables. Sin esa base, cualquier balance corre el riesgo de convertirse en un intercambio de propaganda oficial y condenas opositoras.
El problema no se resuelve suponiendo que todo operativo fracasa porque la violencia persiste, ni afirmando que la estrategia funciona únicamente porque hay más elementos en las calles.
Ambas conclusiones pueden anticiparse a las pruebas.
La evaluación responsable exige algo menos espectacular y bastante más útil: confrontar objetivos con resultados, identificar fallas sin generalizar responsabilidades y reconocer los avances cuando estén acreditados.
La pregunta rectora sigue en pie:
¿Cómo se mide la seguridad, por la cantidad de efectivos desplegados o por la protección efectiva de la población?
La respuesta debe buscarse en los resultados comprobables, en la capacidad de las instituciones para prevenir la violencia, en el respeto a los derechos y en la disposición de las autoridades a explicar sus decisiones.
Porque desplegar fuerzas es una acción preventiva de gobierno. Garantizar seguridad es una obligación pública.
Y entre ambas cosas existe una diferencia que los ciudadanos tienen derecho a exigir que se explique.
