El Gobernador electo de Sinaloa pidió licencia temporal para dejar su encargo y enfrentar una investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado a petición de la Secretaria de Relaciones Exteriores, con motivo de una petición de detención provisional con fines de extradición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por conducto del fiscal de distrito del sur de Nueva York que acusa a Rocha Moya y a otros 9 indiciados de los delitos de narcotráfico y de acopio de armas.
El océano mediático tanto analógico como digital se ha inflamado con una marea de conjeturas, muchas de ellas condenatorias en contra del político sinaloense, vulnerando con ello la presunción de inocencia de todos los imputados.
Rocha Moya ha negado tajantemente todos los cargos que se le hacen, poniéndose a disposición de la FGR para efectos de esclarecer la verdad.
El Gobierno de la República que encabeza la presidenta Claudia Sheimbaum ha pedido que el Gobierno Wstadounidense aporte las pruebas de convicción suficientes, porque a su juicio las que acompañó a la solicitud de detención son insuficientes para acreditar siquiera un indicio de responsabilidad penal del Gobernador con licencia.
A mi me parece que a pesar de todo el tsunami informativo, la mayoría con un sesgo de oportunidad condenatorio en contra de Rocha Moya, prevalece hasta el momento de escribir estas líneas la duda razonable de que el político morenista es inocente de los cargos por los que se le acusa y esto es así, por lo siguiente:
Todas las circunstancias políticas de modo, tiempo y lugar indican, para mí, a las claras que este expediente contra Rocha Moya es de carácter geopolítico, es decir, está animado por el deseo de Donald Trump de someter a Mexico a sus dictados en un momento político donde el Presidente de Estados Unidos está a un punto de convertirse, en un pato herido (lame duck) es decir, en un político que está perdiendo su fuerza para sostener su legitimidad como presidente de la nación más poderosa del mundo.
Las elecciones de Noviembre de este año para renovar la cámara de representantes están cuesta arriba para el presidente Trump, y el expediente de Rocha Moya se vuelve crucial para su campaña electoral a favor de los republicanos.
El abogado general de la Estados Unidos Mike Davis, no es un diplomático, es un halcón leal a los intereses de Donald Trump, es quien ha dicho que el fentanilo es un arma de destrucción masiva.
Para Donald Trump, su gabinete político y de seguridad que son lo mismo, las pruebas no importan y si no las tienen tratarán de confeccionarlas, porque en noviembre se les va la vida política y la seguridad personal al término de su presidencia.
La guerra contra Irán resultó un rotundo fracaso.
Solo el 19 por ciento de la población la aprueba y por eso motivo, Trump ha dicho que ya ha acabado con ella, tratando de congraciarse con la población que lo repudia por esa y otras razones de carácter ecónomico.
Más importante es recordar que el fiscal o abogado general de Estados Unidos, no tiene autonomía y trabaja para el presidente Trump.
De este modo muchas investigaciones tienen un sesgo político, tal y como lo denunció Trump con la persecución que el Fiscal General del ex presidente Joe Biden realizó en su contra y que derivó en 30 cargos en contra de él, tanto en el ámbito civil como en el penal, confirmados por tribunales de Nueva York y que después fueron desestimados por la Suprema Corte de Justicia de EEUU, lo que permitió que Trump asumiera la presidencia.
A la vez Trump utilizo al Departamento de Justicia para perseguir al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, a quien acusaban de tratos corruptos con empresas asociadas a negocios en Medio Oriente.
La guerra jurídica (lawfare en inglés) es prototípica de la política gringa, si la aplican allá, es absolutamente lógico que la quieran llevar de forma extraterritorial y ahora el chivo expiatorio se llama Rubén Rocha Moya.
Sin embargo, y a pesar de estas evidencias palmarias de que en Estados Unidos se usa la ley y la justicia con fines políticos, la mayoría de la comentocracia mexicana evita hablar de algo que es fundamental para un correcto análisis del asunto de Rocha Moya y otros implicados.
Es sesgado e hipócrita, además de cínico, evitar hablar de un asunto de fondo que revela a las claras la intención política de Trump y sus halcones para desestabilizar el gobierno de Claudia Sheimbaum.
Un elemental silogismo lo comprueba sin lugar a dudas:
Si la justicia y la ley se utiliza de forma rampante en EEUU en asuntos internos y externos, como ha quedado acreditado en los casos que enumeré líneas arriba, existe la duda bastante razonable de que el asunto de Rocha Moya con toda su estridencia mediática es un tema de carácter político electoral que Trump pretende utilizar para paliar los efectos negativos de su errática gestión al mando de la Casa Blanca y que en noviembre lo podría poner en la picota de un juicio político al perder la Cámara de Representantes y 33 escaños del Senado que se disputarán demócratas y republicanos en esa fecha.
Por último, pero no menos importante que los argumentos vertidos líneas arriba, está el principio universalmente, de derecho y de justicia, de que el que afirma está obligado a probar.
Y los medios de convicción sólidos, no pueden circunscribirse a un papel escrito a mano con una lista de supuestos sobornos a funcionarios.
Tendría que haber medios de prueba contundentes como los que hundieron a García Luna:
Trasferencias millonarias de dinero, incremento inexplicable de riqueza, bienes inmuebles a favor de los imputados, grabaciones o videos que los muestren en convivencia con criminales, asociación delictuosa que debe de ser acreditada y no sólo mencionada.
Eso y otras cosas ponen en evidencia las notorias diferencias del caso Rocha Moya y coacusados y desnudan una falacia tramposa de comparación.
