Dos hombres en fuga.
El espurio encargado de rectoría de la UAS, Robespierre Lizárraga – espurio porque no existe ese nombramiento en la Ley Orgánica de la Universidad- y el ex rector 4 veces depuesto Jesús Madueña Molina, en virtud de sendos enjuiciamientos penales, están dispuestos a ir al abismo en defensa no de la autonomía de nuestra máxima casa de estudios- que esa no existe como hemos razonado en diverso artículo- sino a favor de quien abiertamente ha mecido la cuna universitaria, finanzas incluidas, durante más de 20 años:
El ex rector y propietario del Partido Sinaloense (PAS) Héctor Melesio Cuén Ojeda (HMC).
Y mientras estos “antihéroes” y tontos útiles se inmolan a favor de la falsa causa de la autonomía universitaria, la mano que mece esa cuna mecerá una curul en el Congreso de la Unión.
El sometimiento a los dictados del “líder” es ominoso y abyecto, pero entendible:
Ambos personajes en fuga le deben por entero sus carreras políticas, patrimonio y “logros“ académicos.
Los dos forman parte de ese círculo áulico de Cuén.
Robespierre ha sido diputado local, regidor, candidato fallido a la Alcaldía de Culiacán por el PAS y por designación directa del dueño de esa franquicia electoral.
De jovencito fue su secretario particular, cuando Cuén despachaba desde la poderosa y nutricia Dirección de Bienes e Inventarios desde donde se hizo “de mulas Pedro”.
Madueña es un caso similar, llegó a la Dirección de la Escuela de Medicina y luego a la Secretaría de Rectoría de la UAS a instancias del mal llamado “líder moral”.
Después fue Secretario del Ayuntamiento cuando HMC llegó a la alcaldía de Culiacán bajo las siglas del PRI en el 2010.
Ambos llegaron a la rectoría bajo la poderosa y ubicua sombra de HMC.
En tanto la verdad histórica ha emergido a la luz pública, esta ha revelado una dimensión desconocida para la mayoría de los sinaloenses:
Una corrupción insondable hasta la fecha y que se ha materializado en una decena de enjuiciamientos penales con suficientes pruebas que apuntan a un gran entramado gestado por decenas de funcionarios universitarios para exprimir las finanzas de la universidad y transferir parte de ella a los bolsillos de decenas de funcionarios y a las arcas del PAS.
El proceso penal del que son objeto, corre muy en sentido contrario a una de las obras cumbres del gran escritor checo Franz Kafka, El Proceso, en donde uno de los más grandes novelistas del siglo XX desvelaba la corrupción y la venalidad de la justicia del imperio austrohúngaro, pero que en este caso, encuentra su antítesis en la defensa corrupta y violatoria del debido proceso legal, de todos los acusados, incluidos los “hombrecillos en fuga”, quienes por conducto de sus abogados han interpuesto toda suerte de argucias y chicanerías para detener el flujo de la justicia penal y a partir de ahí confeccionar una estrategia panfletaria mediática para llamarse víctimas y perseguidos políticos, tratando de litigar en los medios de comunicación lo que no quieren litigar en los juzgados.
El derecho a mentir en nuestro sistema jurídico
Los funcionarios que están siendo juzgados por distintos delitos patrimoniales y de ejercicio irregular del servicio público han diferido, ralentizado o detenido todas las audiencias con base en los más increíbles recursos procesales fraudulentos:
Han conseguido, incluso con médicos afines a sus familias, certificados médicos falsos, para diferir las audiencias de diversa naturaleza jurídica, manteniendo literalmente congelados los procedimientos penales.
Ni duda cabe que estamos ante la presencia de diversos delitos en contra de la administración de justicia:
Fraude procesal, perjurio (falsedad de declaraciones) y por supuesto, falsedad de documentos (certificados médicos apócrifos), además de los delitos que cometen profesionales -en este caso de la medicina- cuando certifican hechos o enfermedades inexistentes.
Permítaseme una analogía toda proporción guardada, con lo sucedido en EEUU a propósito del enjuiciamiento y condena del ex presidente Donald Trump y que revela entre otras cosas, la imperiosa necesidad de no solo la reestructuración del Poder Judicial Federal, sino nuestro entramado jurídico local y federal:
En solo 6 semanas y en medio de una campaña electoral, Donald Trump, ex presidente de la nación más poderosa del mundo, fue sometido a un enjuiciamiento penal y juzgado por un jurado de 12 norteamericanos en un juzgado de Manhattan, por la juez de primera instancia Tania Chutkan y ratificado en apelación ante el magistrado del alto tribunal del estado de Nueva York, Juan Merchan, de origen colombiano.
Los delitos por los que lo acusan es por ocultar un soborno que le pagó 120 mil dólares a una actriz porno por conducto de su abogado, durante su campaña en el 2016, disfrazando contablemente ese dinero como pago por honorarios, es decir a Trump lo acusan de mentir y de ahí se derivaron 34 causas penales siendo declarado culpable de todas ellas por un jurado en la jurisdicción de Manhattan.
Para Ripley
Aquí en Sinaloa se acusa desde hace más de un año y medio a un grupo de funcionarios por malversación de fondos en sus distintas modalidades de delitos patrimoniales por casi 800 millones de pesos (algo así como 44 millones de dólares) y los juicios están literalmente congelados, permitiendo que los procesados se burlen una y otra vez de nuestro sistema anquilosado de justicia.
Trump no pudo nunca resistirse a comparecer tantas veces lo citó la Juez Tania Cuktman, aún estando en campaña presidencial.
Es más, un fiscal de un distrito de Florida solicitó al juez una orden de cateo en la casa de Trump en Maralago, la que fue obsequiada y llevada a cabo para sustraer de la casa documentos que Trump retenía ilegalmente; aquí en nuestras latitudes, la Fiscalía General del Estado no pudo o no quiso llevar a cabo una diligencia similar en la rectoría de la UAS, a la que padeció el fascista americano.
Quienes se cuestionan que la reforma al Poder Judicial Federal y a los locales es una locura política por el hecho de que los jueces y magistrados serían electos por el pueblo, se les olvida un detalle, sobre todo para los adoradores del Tío Sam:
En EEUU, en las causas penales y otros juicios, es un jurado compuesto por ciudadanos comunes los que dictan el veredicto de culpable o inocente, desde luego bajo la instrucción técnica del juzgador, quien en su momento formaliza la sentencia.
Además, en 39 estados de la Unión Americana se votan jueces y magistrados, sheriffes incluidos.
Seguiremos abundando.
