Las similitudes entre López Obrador y Franklin Delano Roosevelt
El nuevo acuerdo nacional es la 4T – REMZ
La oligarquía mexicana es un monstruo grande y pisa fuerte
La impronta, la huella indeleble que el Presidente López Obrador dejará a los mexicanos es edificante y de gran hondura humanista. Gane o pierda su candidata Claudia Sheinbaum (CS) este país ya obtuvo una enorme política de estado:
El reconocimiento constitucional de los programas sociales en favor de los más desfavorecidos, que no son solo los pobres. De hecho la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez, de forma oportunista ha reconocido el valor de la reforma social de AMLO y se ha sumado sin ambages a ella.
El nuevo acuerdo popular para un ensanchamiento de nuestro Estado de Bienestar, debe de ir aparejado necesariamente de una poderosa reforma fiscal, que haga posible su realidad en el largo plazo.
Las condiciones y las circunstancias de la disputa comercial entre China y los Estados Unidos por la hegemonía económica global es el marco propiciatorio para un relanzamiento económico de México.
No habrá segundo piso de la 4T si no contamos con un nuevo paradigma de capitalismo a la mexicana o una nueva economía moral.
La transformación de fondo del entramado institucional mexicano, de acuerdo con las 20 propuestas de reforma constitucional propuestas por López Obrador, estará pendiente de las resultas electorales de este 2 junio venidero con la eventual mayoría calificada en el Congreso Federal por parte del obradorismo.
La transformación material y moral de México, no debe ser flor de un día.
La simiente es la de un roble perdurable, no de un arbusto que cualquier viento derribe. CS está en lo correcto:
Continuidad del obradorismo para un país con una historia errática y discontinua.
No a las vacilaciones, pero sí a las innovaciones; a los segundos pisos que mejoren las avenidas de la política social y económica desplantada por AMLO.
El piso firme donde edificar con creatividad y valor económico y social, ese segundo nivel está sólidamente construido.
La inamovilidad de las reformas sociales que propone AMLO es la hoja de ruta correcta. No se puede avanzar en la ruta del desarrollo nacional con una política del “aquimichu”, un paso para adelante y otro para atrás.
La deconstrucción del andamiaje económico, social y político neoliberal es de una importancia capital para la implantación de un estado de derecho con una orientación socialdemócrata.
No tengo ninguna duda que López Obrador, con todos sus defectos en sus formas de hacer política, pasará a la historia como lo hizo Franklin Delano Roosevelt, el 32 Presidente de EEUU, creador del poderoso Estado de Bienestar del vecino del norte y el único presidente gringo que ha sido reelegido en cuatro ocasiones (1933 a 1943), año de su fallecimiento.
FDR, según las últimas encuestas, es el segundo Presidente con mayor prestigio en la historia norteamericana solo después de Abraham Lincoln.
Su profunda huella política se materializó en la confección de instituciones políticas del estado norteamericano, no con organismos autónomos como la derecha mexicana pretende.
Domeñar a la feroz oligarquía nacional, pasa necesariamente, por el fortalecimiento de las instituciones del estado nacional y subnacional y no por su debilitamiento.
El fracaso histórico de México ha sido por su sempiterna anemia institucional.
Solo de esa forma FDR pudo poner un coto, un valladar, a los excesos de los monopolios de los llamados “Barones ladrones”, la familia Rockefeller y la Carnegie, que detentaban monopolios en la producción de petróleo y en el transporte, entre otros oligarcas.
La definición de las líneas maestras de la política y el liberalismo moderno de Estados Unidos de los posteriores 40 años en la vida pública de ese país fueron posibles gracias a la “Coalición del New Deal” (Wikipedia).
Una nueva legislación federal y abundantes ordenes ejecutivas establecieron una gran variedad de programas de ayuda social, recuperación y reforma, algo muy similar, proporción guardada, a lo que López Obrador pretende transformar de raíz en el entramado constitucional de México.
FDR en 1937 propuso una profunda reforma a la Corte Suprema de Estados Unidos, a través de una nueva ley de Reorganización Judicial, sin embargo, una mayoría conservadora de senadores y congresistas de ambos partidos (Demócrata y Republicano) se lo impidió.
De la misma forma esa alianza conservadora bloqueó nuevos programas del New Deal, por lo que FDR tuvo que recurrir a las órdenes ejecutivas una y otra vez (Wikipedia).
López Obrador propone la elección popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso de los jueces, y la histeria conservadora se desgarra las vestiduras.
Adoradores del universo Yankee, no entienden que no entienden.
En su amado y admirado país de 39 estados de la Unión, se eligen los jueces y los procuradores o fiscales, e ¡Incluso hasta los Sheriffes!
Sin embargo, aquí ponen el grito en el suelo, ¡horrorizándose con la llegada del comunismo!
De las muchas leyes que FDR impulsó y que sobrevivieron en el tiempo, están la Comisión de la Bolsa de Valores (SEC), la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, la de Seguridad Social, o la legislación laboral como la Fair Labor Standards Acts, que estableció al igual que López Obrador un salario mínimo más justo y digno.
Cuando una escucha la histeria y la estridencia disparada por los comentocratas adscritos por comisión mercantil a la oligarquía nacional mediática e industrial, no tendríamos más que sonreír ante tal cinismo y desmemoria histórica.
De las 20 agencias institucionales de políticas públicas vigentes en EEUU, tanto de control, transparencia, o rendición de cuentas, ninguna es de carácter autónomo o ciudadano.
Ese rollo es un invento del neoliberalismo a la mexicana y un reservorio para los empleos de una élite tecnócratica al servicio de la oligarquía empresarial, cuya puerta giratoria va de la empresa privada a la administración pública.
En el más alto nivel están Felipe Calderón, empleado de la empresa Iberdrola, y Ernesto Zedillo, funcionario de la Kansas Southern, ambas empresas beneficiadas con contratos y concesiones en sus respectivos mandatos.
Es más, la comisión anti monopolios, en EEUU, (Anti trust), cuyo sucedáneo en nuestro país es la Comisión de Competencia Económica, es un departamento adscrito al Departamento de Justicia y no un órgano autónomo del estado gringo.
Es lamentable como la clase media y alta en México, que tanto admira a los EEUU y a las primeras de cambio se compran su depa o casa en Houston, San Diego o Miami, ignoran las realidades profundas de la vida pública gringa y exigen para nuestro país lo que en la democracia más avanzada del mundo no existe: organismos autónomos del estado.
En EEUU los organismos que hacen las veces de contrapeso político e ideológico al gobierno, son los think tanks, centros de pensamiento, financiados enteramente por un variopinto de empresas, que a través del cabildeo pretenden modificar leyes o instituciones nacionales, pero no con cargo al erario.
En Mexico, nuestro capitalismo de cuenta chiles, pretende que el mismo estado nacional financie organismos inútiles a los intereses de las mayorías.
Acostumbrados a los forzados redondeos en las negociaciones mercantiles y los bancos, pretenden llevar esa política exactora a niveles macroeconómicos.
Promotores de una falsa responsabilidad social, las empresas cuasimonopolistas de nuestra economía de compadres, se sostienen discursiva y políticamente, a través de sus poderosos aparatos mediáticos.
Cuando López Obrador y Claudia Sheimbaum hablan de separar la política de la economía (privada), deberían incluir también, una tajante prohibición constitucional, para evitar que esos mismos megamillonarios, detenten al mismo tiempo, el poder económico y el poder mediático.
La aplicación a rajatabla de una nueva ley antimonopolio, debe de cobrar vigencia para desmantelar los enormes aparatos propagandísticos de la oligarquía nacional a lo largo y ancho del espectro radio eléctrico.
Maquillados como periodistas libertarios y liberales, la comentocracia servil a las élites se regodea en la impunidad, para confeccionar o diseñar los gustos y preferencias de las audiencias al contentillo de sus privilegios políticos y exorbitantes ganancias económicas.
Solo así podremos avanzar a un estadio de mayor democracia e inclusión política y económica.
El enemigo de estado nacional y de su pueblo se llama oligarquía, esa casta privilegiada, que como pesado lastre ha impedido el desarrollo integral de nuestro país.
Seguiremos abundando.