Hablando en Plata.
La férrea defensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum al caso Rocha Moya y otros 9 acusados por el Departamento de Justicia estadounidense no es una defensa “ad hominem”, es decir, sobre las personas en particular.
La defensa de la Presidenta se enmarca en la defensa de la soberanía nacional.
Ese es el framing, el marco desde donde se establece la dialéctica política y jurídica, hasta ahora mediática, con los Estados Unidos.
La Presidenta ha demarcado su cancha de juego dentro de las instituciones jurídicas y políticas del país, con base también en el tratado de extradición suscrito con el vecino del norte.
Las oposiciones al régimen de forma simplista acusan a CSP de arroparse en el manto de la soberanía nacional.
Ella ha solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores que su homóloga se dirija al Departamento de Justicia de aquel país con el objeto de que ofrezca en tiempo y forma las probanzas necesarias, a fin de que demuestren con suficiencia jurídica las pruebas que acrediten la “urgencia” con la que la justicia estadounidense requiere la detención provisional con fines de extradición de los 10 indiciados.
De acuerdo con las documentales que obran en las 35 páginas que conforman el pliego petitorio —que no acusatorio— a juicio de la Presidenta y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tales documentos no solamente no hacen prueba, sino que no tienen ni siquiera la categoría de indicios que hagan causa probable para la detención de los implicados.
La SRE, por su parte, ha notificado con el expediente completo a la Fiscalía General de la República, que entiendo ha abierto sendas carpetas de investigación.
Sin embargo, el caso se ha mediatizado con tanta fuerza que en el imaginario colectivo los diez indiciados ya han sido condenados por la inquisición de los medios de comunicación y las redes sociales, producto de una monstruosa campaña de desinformación sincronizada con las instituciones de inteligencia de los Estados Unidos, incluida la embajada gringa en México, que decidieron dar un golpe mediático, subiendo a la red el documento indiciario, a la vez que lo filtraron a los medios de comunicación nacionales e internacionales.
Con ello, violaron flagrantemente el Tratado de Extradición México/Estados Unidos que ordena la máxima privacidad para este tipo de solicitudes.
Además y más grave aún, se violó de forma grosera la presunción de inocencia de los requeridos, fomentando un ambiente de estigmatización previa a la sentencia o resolución definitiva, reservada a un juez, contaminando el debido proceso legal en detrimento de los connacionales.
La Presidenta no exonera a nadie; lo único que solicita son pruebas que acrediten la urgencia del caso. Ese es un principio de derecho universalmente reconocido.
A las invectivas, diatribas, libelos y sesgos ideológicos retrospectivos, de oportunidad y confirmación se han sumado prestigiados juristas como Diego Valadez y José Ramón Cossío, ambos ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —entre otros juristas famosos— para amplificar el rango y los decibeles propagandísticos de medias verdades o mentiras atroces sobre este delicado asunto de Estado.
Estos juristas asociados con periodistas afines a Ricardo Salinas Pliego realizan malabares para acomodar su cultura jurídica al criterio político del patrón de turno.
En un monumental despropósito y sabiendo que la mayoría de los mexicanos no son expertos en derecho, han empezado a propalar, entre otras mentiras, que por qué, si el gobierno ya ha extraditado 90 presos, no hace lo mismo con los 10 requeridos por los gringos.
A la gente que escuche el anterior argumento les parecerá de lo más lógico; sin embargo, aquí hay una falacia de comparación con veneno incluido:
Los 90 mexicanos extraditados fueron detenidos, algunos en flagrancia y otros en operativos impulsados por órdenes de aprensión emitidas por jueces mexicanos y por eso fueron encarcelados y a la vez el gobierno gringo los requería por tener causas litigiosas de carácter penal en aquel país.
El caso de los 10 imputados es de reciente inicio, y hasta el momento las autoridades mexicanas sólo tienen de parte del Departamento de Justicia mucho rollo o literatura, y con cuentos, aunque estos sean chinos o gringos, no se debe de detener a nadie. Faltaba más.
Es decir, sobre ninguno de ellos pesa una orden de aprehensión en México, y todavía no exhiben la que podrían tener allá, si es que existe, y no es esto parte de otra pantomima política de Trump.
A mí me parece que el caso a los gringos se les está complicando y que eventualmente sólo tendrán pruebas de declaraciones de testigos protegidos, cuyos testimonios son de dudosa veracidad y eventualmente pueden ser desestimados por la FGR.
Sin embargo, quienes conocen el sistema de justicia gringo afirman que ellos no dan pasos sin huarache. Sin embargo, me surge una gran duda: ¿cómo detuvieron y luego soltaron al general Salvador Cienfuegos, aprehendido en Los Ángeles y acusado por testimonios de personas procesadas en los Estados Unidos y a la postre resultaron insuficientes y lo más grave: falsos?
¿Son solo cohetes al aire para asustar a su socio comercial y sacar todas las ganancias posibles en la renegociación del T-MEC?
¿O tienen un misil tierra-aire para impactar Palacio Nacional y a la Presidenta CSP?
¿O solo es ruido y mucha furia para quedar bien con el electorado republicano de cara a los comicios para renovar la Cámara de Representantes?
Solo el tiempo es quien lo podrá decir.
