Leí la introducción de un post en FB de uno de los comunicadores de la UAS; ahí el escribiente se duele de que el gobernador Rubén Rocha Moya no haya actuado de buena voluntad en el conflicto que el pueblo de Sinaloa sostiene en contra de una decena de funcionarios universitarios acusados de malversación de fondos y ejercicio irregular de la función pública.
Sostengo que el pueblo de Sinaloa es parte fundamental en este conflicto porque la Fiscalía General del Estado es la representación social por excelencia y por su conducto el pueblo busca justicia y esto no es una ficción legal, sino una realidad constitucional.
Que nadie se llame perseguido político cuando es el pueblo quien pone en movimiento la justicia, por haberse malversado dinero público.
La soberanía popular reina en nuestro estado de derecho nacional y subnacional.
La versión de la falta de buena voluntad, es cínica y perversa.
Si algo habría que reclamarle al gobernador de Sinaloa es el superávit de buena voluntad que ha demostrado ante los problemas financieros de la UAS y esto tal vez obedecía a su desconocimiento de esa dimensión soterrada de corrupción que desveló el periodismo de investigación que luego se encarnarían en numerosos procedimientos penales en contra de una decena de funcionarios universitarios.
Para muestra estos botones:
Hace meses se esparció en los medios de comunicación que la UAS estaba enfrentando un juicio de carácter fiscal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT había embargado bienes para que la universidad respondiera de un crédito fiscal por 2800 millones de pesos, más los recargos y multas correspondientes que redondearían el crédito fiscal, capital y accesorios en 4800 millones de pesos.
Durante más de 4 meses el rector depuesto por orden judicial Jesús Madueña Molina y sus abogados chicaneros estuvieron negando la existencia de dicho crédito fiscal, el cual se derivó de la retención y falta de entero a la SHCP de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta a miles de trabajadores de la UAS durante años.
Hasta la fecha ningún funcionario ha aclarado el destino de esa descomunal cantidad de dinero e incluso los comunicadores más agresivos de la UAS han hecho mutis al respecto.
Ante la urgencia del tema, el gobernador Rubén Rocha Moya atendió el llamado de la claque que atenaza a la casa Rosalina para ayudar a que el SAT les otorgará un convenio de pagos, pero con cargo a las finanzas del gobierno de Sinaloa, concordato que a los sinaloenses nos cuesta 125 millones de pesos mensuales.
Lo más grave del asunto es que de acuerdo al Código Fiscal Federal, las conductas desplegadas por los funcionarios universitarios que participaron en este desvío de dinero, les aplica de manera clara los artículos 108 y 109 de ese ordenamiento, fracción e y 9 respectivamente y en donde se establece como un caso de defraudación fiscal, el acto de omitir enterar las retenciones de impuestos, agravándose el delito por tres consideraciones especiales a saber: en esos mismos artículos (108, 109 y demás relativos) se establece que la defraudación fiscal, es un delito calificado y por ende la pena se aumenta hasta en un 50 por ciento de la que se establezca.
Quien cometa el delito de defraudación fiscal y que pase de los 3, 3 millones de pesos, se hará acreedor a una pena de 3 a 9 años.
En el caso de la UAS no es difícil colegir que se aplicaría la máxima pena de 9 años por la conducta desplegada por años por los funcionarios defraudadores y por el monto multimillonario de la defraudación fiscal, además el delito vuelve aumentar su pena porque el mismo cometido ha sido cometido por servidores públicos, con lo que el delito sufre otro aumento de 50 por ciento y por último la pena vuelve a crecer en el mismo porcentaje, en virtud que es un delito de carácter continuado, es decir se cometió durante un periodo de tiempo y sin interrupción.
Así, grosso modo, la pena alcanzaría la cota de 22.5 años de prisión y sin derecho a fianza.
Por todo lo anterior es una desmesura, por decir lo menos, propalar, decir, que el gobierno que encabeza Rubén Rocha Moya no haya actuado de buena voluntad, ya que con su intervención evitó la integración de un expediente penal del que los inodados no hubieran tenido salvación.
Sin embargo, de acuerdo con el mismo ordenamiento fiscal, bien podría darse el caso de que la SHCP se querellara en contra del ex rector Jesús Madueña y antecesores por que el crédito fiscal no ha sido pagado en su totalidad, que sería la única excepción para detener un eventual proceso de defraudación fiscal.
Bastaría con que el gobernador Rubén Rocha Moya dejara de abonar al crédito fiscal determinado para que las condiciones jurídicas objetivas cobraran vida para iniciar un proceso penal por el delito de defraudación fiscal.
Es desconcertante observar que a pesar de las enormes evidencias de las tropelías fraudulentas cometidas por un grupo de funcionarios universitarios, que incluyen al ex rector Madueña Molina y al ilegítimo y mequetrefe, encargado de rectoría Robespierre Lizárraga, estos no depongan su actitud agresiva y temeraria de cara a las pruebas de corrupción que corroe administraciones pasadas y presentes de la casa Rosalina.
Solo se entiende la mentira aviesa y el cinismo más descarnado de quienes sin lugar a dudas se han convertido en los sociopatas perfectos:
Mienten al ritmo de su respiración y sin ningún prurito de culpa.
4,800 millones de pesos es el 70 por ciento del financiamiento anual de la UAS.
Con 4,800 millones de pesos el gobierno podría restaurar o construir los 800 centros de salud del bienestar en beneficio de cientos de miles de sinaloenses.
Con 4800 millones de pesos el gobierno podría financiar dos temporadas de maíz en beneficio de 30 mil agricultores.
Con 4800 millones de pesos el gobierno podría construir 3 hospitales de alta especialidad en Sinaloa.
Con 4800 millones de pesos el gobierno podría apoyar a 4800 pequeñas empresas con un millón de pesos a cada una, para nuestro desarrollo económico, con 4800 millones de pesos se podría …….
Post scriptum: gobernador póngase en huelga de brazos caídos, ya no pague nada por los ladrones. El mequetrefe que despacha como encargado de rectoría esta engallado, baste ver sus últimas declaraciones.
Mándelos al carajo o mas lejos. Que se ahoguen solos.
Solicite con carácter urgente la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Sistema de Administración Tributaria, de la Fiscalía General de la República, que hay un montón de delitos federales que están a la espera de su encauzamiento, todo esto, sin demerito de las causas penales que los ladrones tienen abiertas en Sinaloa.
El pueblo se lo agradecerá.
