Hará cosa de unos 20 años que Agustín Coppel y yo nos enzarzamos en un pequeño zipizape periodístico. No recuerdo exactamente si el desencuentro lo propicié yo o él fue quien empezó la broma, como cantaran los Bee Gees.
El caso era que yo tenía semanas haciendo crítica de los organismos ciudadanos de participación ciudadana, en mi columna Hablando en Plata, que se publicaba en Noroeste, en particular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que ese momento dirigía mi pariente José María Espinosa de los Monteros Torrero.
Corría el gobierno del astuto ex gobernador de Sinaloa, Juan S. Millán, quien con el olfato que le caracteriza había captado la reciente moda de la participación ciudadana en tareas de seguridad pública e incluso por esos tiempos también instituyó la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, (CEAIPES), con una vertiente ciudadana.
A mi juicio, en aquellos ayeres, los consejos de participación ciudadana, no reflejaban una verdadera representación política ciudadana, porque se confeccionaban de una forma facciosa, entre un grupo de notables, la mayoría miembros de organizaciones empresariales y de la oligarquía local y uno que otro académico y algún miembro de los colegios de profesionistas; pero en el fondo yo criticaba que esos consejos, permitían, sobre todo el de Seguridad Ciudadana, que el gobierno se lavara las manos en sus funciones sustantivas de procuración de justicia, deviniendo el consejo de seguridad en una caja de resonancias del gobierno de turno.
Agustín, que en esos tiempos no dirigía los destinos de Tiendas Coppel, escribió, como columnista invitado en Noroeste, un artículo, en donde sin mencionar mi nombre, sostenía, que quienes criticábamos los consejos, era por pura envidia, por lo que lo que verdaderamente ansiábamos (los críticos) era una chamba en esos menesteres.
La respuesta mía fue lapidaria:
Sostuve que era inaceptable circunscribir la crítica periodística a la peregrina idea de utilizarla como un medio para llamar la atención -en aquel entonces yo oficiaba de abogado postulante- lo que mostraba a mi juicio una gran intolerancia e incomprensión al derecho básico de la libertad de expresión que teníamos los ciudadanos.
La historia que siempre nos alcanza, me ha dado la razón, más allá de que todavía exista ese consejo de seguridad y otros instrumentos de participación ciudadana, como es el estéril y costoso Consejo para el Desarrollo de Sinaloa, un organismo infértil, redundante e inorgánico, que le ha costado a los sinaloenses más de 1500 millones de pesos desde su creación hace 25 años.
La mayoría de ellos han sido inútiles y gravosos para la economía sinaloense como lo fue también Fundación Ecoregion, un proyecto público/privado fallido y costoso que dirigía Alejandro Sanchez Chavez, concuño de Enrique Coppel, a la sazón Presidente del Grupo Coppel.
La contenta oligarquía tiene años manoteando recursos fiscales de forma arbitraria e irresponsable.
Y jugando al tío Lolo, porque los efectos de los consejos ciudadanos (salvo CEAIPES) han sido de rendimientos decrecientes – y a las pruebas me remito- en todos los indicadores de nuestra vida pública económica y política.
Los centros de pensamiento en Estados Unidos se financian con recursos privados, no con recursos públicos.
Desde luego que no me opongo a un estado inversor, a un estado empresarial, como lo propone la economista de la innovación Mariana Mazucato, pero eso es otra cosa. No es un juego o divertimento de grupos de la élite sinaloense que juegan a los innovadores sin dar ningún resultado y con dinero del pueblo.
Como bien sostienen en diversos textos la escritora y filósofa de la Universidad de Chicago Martha Nussbaum, (La Monarquía del Miedo, La teoría de las capacidades, La tradición cosmopolita y otros textos), pero en particular la investigadora independiente y ensayista mexicana, Irmagard Emmelhanz (Envíos de otros mundos posibles: ejercicios de imaginarios radicales, La tiranía del sentido común: la reconversión post neoliberal de México y otras obras), las organizaciones de la sociedad civil son un derivado político de la oligarquía neoliberal, con los que pretende justificar sus preocupaciones por la justicia política básica (la seguridad y la vida de las personas, las más importantes), como un ejercicio de distracción para no enfrentar uno de los más acuciantes problemas no solo de México sino del mundo:
La enorme injusticia económica y material, en una época de abismales diferencias económicas entre una élite cada vez más reducida y poderosa y la base de la pirámide.
Nadie de la oligarquía habla de salarios precarizados, de la extincion de los sindicatos, de la enorme corrupción y abuso de los banqueros en México, del brutal efecto nocivo en la economía popular de los monopolios como Maseca, Bimbo y en general la industria alimentaria.
De esta guisa, los organismos de la sociedad civil: Mexicanos Primero, Iniciativa Sinaloa y otros tienen el tufo de dispositivos ideológicos y políticos al servicio del capitalismo más brutal que la especie humana haya experimentado en siglos.
Por eso creo que le asiste la razón al gobernador Rubén Rocha Moya cuando fustiga el “zopiloteo” de organismos ciudadanos financiados por la oligarquía local, que quisieran presenciar el enrojecimiento de las páginas del diarismo regular y digital, para olvidarnos de la tragedia económica promovida por el neoliberalismo de nuevo cuño.
Seguiremos abundando.
