El quinto informe y la recta final del mandato de AMLO
=Paradójicamente, en economía, sus logros relevantes
=Avanza su paquete de obras emblemáticas en el Sureste
=Resultados cuestionables en salud y seguridad
= Representantes indígenas, no regidores en los cabildos
= El PRI, empeñado en expulsar a sus diputados locales
Cierto, aún le queda el evento del primero de diciembre -aniversario de su arribo a la presidencia de la República – y su sexto informe, el del primero de septiembre de 2024 (con el detalle de que para entonces ya tendremos presidente o presidenta constitucionalmente electa); pero, desde el viernes de la semana pasada, Andrés Manuel López Obrador dobló la última curva y ha tomado la recta final de esa desgastante carrera que es el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal en nuestro país.
Para decirlo más claro, a AMLO ya le restan solo 13 meses como presidente de México -recordar que su mandato se achicó a 5 años y 10 meses – y en realidad todas las apariciones públicas y multitudinarias que se le ocurran, más ahora que se avecina el nuevo proceso electoral -, tiempo que podría ser mucho o poco, según distintos puntos de vista.
Poco, para cumplir todas las promesas que aún surcan los aires; mucho, ante la eventualidad planteada por las dificultades propias de la época que nos ha tocado vivir.
Durante su gobierno, López Obrador ha separado, en efecto, tres fechas emblemáticas a lo largo del año, que se convierten, al mismo tiempo, en un símil de informe presidencial:
El aniversario de su contundente victoria en las urnas electorales (en junio), el informe por sí mismo (en septiembre) y el aniversario de su toma de posesión (en diciembre), más otros eventos que se le antojan, vinculados a circunstancias que por una u otra razón se presentan en nuestro país.
En todos el discurso es un compendio de lugares comumes; por eso es difícil encontrar la nota de ocho columnas en el contexto de su informe como jefe del Poder Ejecutivo Federal.
En esta ocasión, el formato volvió a cambiar: se llevó el mensaje a la nación a Campeche -habitualmente lo hacia en Palacio Nacional ante un reducido grupo de invitados – y cedió la entrega del documento al Congreso de la Unión a María Luisa Alcalde, su joven secretaria de Gobernación, en estricto cumplimiento a lo que la ley señala sobre el particular.
Mover el informe a Campeche tenía un motivo: realizar un recorrido por el Tren Maya de ese Estado a Yucatán, lo que fue un anticipo de inauguración de una obra a la que aún le resta mucho tiempo para su culminación.
En el mismo sentido, el anuncio del arranque de la producción de la planta refinadora de Dos Bocas y la firme decisión de continuar con el tren transísmico, para redondear su paquete de obras emblemáticas en el Sureste de México, la zona más favorecida por la actual administración.
Por lo demás, lo mismo de siempre, sin regatearle a AMLO sus méritos -aunque sus detractores se los acreditan a situaciones externas – en materia económica, por ejemplo: fortalecimiento del peso en el mercado internacional de divisas; consolidación de la Bolsa Mexicana de Valores; aumento en el Producto Interno Bruto y alza fundamentada en el renglón de sueldos y salarios, en beneficio de las finanzas personales.
Pendientes de análisis, otros rubros, como el de Seguridad, Salud y Educación, por decir algo, con resultados que dividen sustancialmente a la opinión pública nacional. Suyos los comentarios, amigo lector. Mientras.
En su sesión extraordinaria del jueves anterior, la 64 legislatura del Congreso del Estado acordó adiciones al artículo 13 bis de la Constitución Política de Sinaloa, mismas que abren la representación indígena en los ayuntamientos de la entidad, con respeto absoluto al tema de equidad de género, vigente en el Estado y en el resto del país.
De la medida se habló mucho en los días siguientes; sin embargo, es de vital importancia poner algo en claro:
Esa adecuación, en efecto, da paso a la representatividad de los pueblos indígenas en los ayuntamientos; pero esto no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que se garanticen una o dos regidurías a las etnias, como erróneamente se pensó y se divulgó hasta con amplitud.
Para acabar pronto, además, solo tendrán derecho a voz, no a voto y no forman parte estructural de los ayuntamientos sinaloenses.
Y la medida, por si algo hiciera falta, solo tiene validez en aquellos municipios con reconocidos asentamientos indígenas y sus representantes ante los ayuntamientos serán nombrados bajo el esquema de usos y costumbres de cada núcleo poblacional.
Los representantes, del mismo modo, solo serán citados, cuando el orden del día presente asuntos de su incumbencia. Única y exclusivamente. ¿El gozo al pozo, entonces? Pues sí. Digamos que sí.
Aunque esto no quiere decir que los indígenas no puedan tener posiciones oficiales en los cabildos. Claro que si pueden; pero tendrán que ser postulados como candidatos a regidores por un partido político determinado y siempre y cuando les favorezca la voluntad popular; más esto ya es un punto que transita por otra carretera.
Ya casi todos los partidos adoptaron la medida, sin embargo, solo uno o dos han cumplido, hasta ahora, con el precepto.
Seguramente tal acuerdo parlamentario no será para nada del agrado de los representantes de las etnias interesados en una participación politica, visiblemente entusiasmados con la posibilidad; pero pues hasta ahí llegó esa determinación, por el momento. Y para algunos ya fue mucho el avance. ¿Qué os parece? En tanto.
En respuesta a una solicitud planteada por un militante de nombre Luis Ángel Vidales, la comisión de justicia partidaria del Partido Revolucionario Institucional inició el proceso de expulsión de sus filas de tres de los cinco diputados locales con los que cuenta en el Congreso del Estado:
Ricardo Madrid, presidente de la mesa directiva de la cámara (hasta septiembre 30), Cinthya Valenzuela, coordinadora del grupo parlamentario del mismo PRI y Conny Zazueta, presidenta de una comisión legislativa.
La petición no incluye a Sergio Mario Arredondo, que es el presidente de la comisión de fiscalización, ni tampoco a Luis de la Rocha, quien por acuerdos previos figura en la bancada del PRI, sin ser militante del tricolor. Más bien es de filiación perredista.
Y en realidad, la cosa va contra Ricardo Madrid; pero la exigencia también embarra a Cinthya y a Conny Zazueta. Los tres, por si le interesa, estrechamente ligados al ex gobernador Quirino Ordaz Coppel, ya fuera del PRI y hoy embajador en España del gobierno mexicano.
Madrid fungió como su secretario particular durante la mayor parte de su administración; Cinthya, como secretaria general y presidenta del CDE del PRI y Conny, como directora general del DIF-Sinaloa, con mucha cercanía con la señora Rosy Fuentes de Ordaz.
El argumento central establece que “por considerar que vulnera la unidad partidaria -con dedicatoria para Madrid- y atentar gravemente contra la unidad ideológica, al imponer una agenda parlamentaria absolutamente al margen de los dictados de Paola Gárate, la actual presidenta del Comité Directivo Estatal”.
Y cita un total de 7 puntos, aunque repetitivos, con escaso fundamento y sin la fuerza suficiente como para exigir -¿Quién es Luis Ángel Vidal, a propósito? – la expulsión de los tres priistas (todavía) arriba mencionados: el punto número uno, por ejemplo, se refiere al incumplimiento de cuotas al partido, desde octubre de 2021, a razón de 3 mil pesos por mes. (Ya es algo a estas alturas).
El dos, que “vulnera la unidad partidaria al aislar su función legislativa con respecto a la unidad política del PRI, lo que provoca división y confusión entre la militancia. (O sea: que ignoran a Paola, por decirlo claro).
El punto tres es muy similar al dos. En el cuatro hay una acusación directa en el sentido de que “bloquean acciones de la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Paola Gárate y se adhieren, en cambio, a iniciativas de MoReNa, sin consultar ni a la dirigencia nacional ni a la estatal.
Los tres restantes son muy semejantes entre sí y en ninguno se advierte – insistimos – causales suficientes como para proceder en la dirección señalada.
Obviamente lo que si existe es una diferencia de criterios personales muy marcada entre estos tres legisladores y la dirigente estatal, proveniente desde su designación, el método que se utilizó para ello y la inclusión de algunos personajes plenamente identificados con la corriente política que más ha dañado al PRI en Sinaloa: la del ex gobernador Mario López Valdez.
En apariencia más allá de Paola se ubica al líder nacional del partido, Alejandro Moreno -amigocho de MaLoVa – y de la mano que mueve la cuna, lo que lleva a pensar que la suerte de Madrid, Cinthya y Connie (también podrían ser, además de quirinistas, aguilaristas o vizcarristas) está echada, lo que reduciría a un solo diputado la representación priista en la cámara de diputados, lo que en definitiva no son buenas noticias para el PRI. Y bueno pues ¿por qué no los fusilan de una vez? Y una pregunta final.
¿Quién diablos es Luis Ángel Vidales y de donde le sale tanta fuerza como para pedir la expulsión de tres diputados locales de las filas del PRI en Sinaloa?
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