¿No está suficientemente discutido?
Hay asuntos públicos que terminan convertidos en un inmenso eco.
Cada día aparecen nuevas declaraciones, entrevistas, filtraciones, columnas, videos, memes, conferencias y discusiones.
Llega un momento en que pareciera que ya todo fue dicho.
Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario:
Mientras más ruido produce un tema, más difícil resulta distinguir aquello que realmente sabemos de aquello que simplemente ya creemos saber.
El caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya ilustra con claridad ese fenómeno.
Se han escrito miles de páginas; se han formulado acusaciones, defensas, conjeturas, desmentidos y especulaciones de todos los colores ideológicos. El expediente mediático parece inagotable.
Pero conviene hacerse una pregunta incómoda:
¿La sociedad está mejor informada o solamente más saturada de información?
Porque está exhaustivamente comentado, pero, ¿no necesaria y suficientemente discutido? Y esa diferencia no es un simple juego de palabras.
Los grandes asuntos públicos suelen recorrer cuatro estaciones.
La primera es la explosión informativa. Todos quieren llegar primero.
La primicia vale más que la reflexión y el dato incompleto suele viajar más rápido que el dato confirmado.
Después llega la guerra de narrativas. Cada actor construye su propio relato.
Para unos existe persecución política; para otros, justicia ejemplar.
Unos hablan de soberanía; otros de impunidad. Cada quien acomoda las piezas según el rompecabezas que le resulta más conveniente.
Más tarde aparece la fatiga informativa.
El ciudadano común termina por desconectarse. No porque el asunto deje de ser importante, sino porque siente que escucha la misma historia repetida con distintos narradores y diferentes adjetivos.
Finalmente, cuando el interés público comienza a apagarse, es cuando más debería abrirse espacio para la discusión de fondo.
Paradójicamente, es la etapa menos frecuente.
Allí ya no importa quién ganó la batalla de los titulares, sino qué lecciones deja el episodio para las instituciones, el Estado de derecho y la vida democrática.
Es entonces cuando las preguntas verdaderamente importantes cambian de naturaleza.
¿Qué revela este episodio sobre la relación entre la jurisdicción mexicana y la estadounidense?
¿Hasta dónde puede llegar la cooperación judicial sin convertirse en una controversia sobre soberanía?
¿Cómo debe actuar un Estado democrático cuando una acusación internacional aún no satisface los estándares probatorios de su propio sistema jurídico?
¿Qué efectos políticos produce una acusación aun antes de que exista una sentencia?
¿Puede una narrativa mediática terminar sustituyendo al debido proceso?
Ésas son las interrogantes que merecen ocupar el centro del debate.
Todo lo demás pertenece al terreno de la especulación, útil para alimentar audiencias, pero insuficiente para construir justicia.
Porque la abundancia de referencias no equivale a la abundancia de certezas.
Una democracia madura no puede confundir el número de publicaciones con el peso de las pruebas.
El debate público tiene derecho a formular preguntas; los tribunales tienen la obligación de responderlas con evidencias.
Cuando esos planos se mezclan, la plaza pública termina dictando sentencias que corresponden a los jueces, mientras los jueces reciben presiones propias de la plaza pública.
Ninguna de las dos cosas fortalece a la República.
Quizá por eso convenga recordar una vieja enseñanza jurídica:
Las democracias no fueron diseñadas para satisfacer el apetito del linchamiento, sino para contenerlo mediante reglas, procedimientos y garantías.
Colofón
Siempre habrá quienes añoren los tiempos en que bastaba una denuncia, un rumor o una sospecha para encender la hoguera.
Cambian los siglos, cambian las vestiduras y cambian las tecnologías; lo único que permanece intacto es la secreta ilusión de algunos por convertirse en fiscales, jueces y verdugos al mismo tiempo.
Si el Santo Oficio hubiera contado con redes sociales y programas de opinión de veinticuatro horas, probablemente habría presumido récord histórico de eficiencia:
Primero el juicio mediático, luego la condena moral… y, sólo si sobraba tiempo, quizá alguna evidencia.
Por fortuna —o por desgracia para los inquisidores contemporáneos— el Estado de derecho sigue siendo un poco más terco que el aplauso fácil.
Y mientras las leyes continúen exigiendo pruebas antes que aplausos, habrá quienes sigan confundiendo la plaza pública con el Tribunal del Santo Oficio y la opinión con la sentencia.
