I. EL PODER QUE SE VE
En Sinaloa ocurre algo peculiar:
Mientras el gobierno interino de Graciela Domínguez Nava intenta administrar una crisis que no escogió, pero que sí tiene la obligación de atender, la política ya empezó a administrar el futuro.
No es una contradicción. Es la naturaleza misma del poder.
La violencia, la inseguridad, las dificultades económicas, los problemas del campo, las demandas sociales y las deficiencias institucionales pertenecen al presente.
La sucesión gubernamental de 2027 pertenece al futuro.
Pero en política el futuro suele comenzar mucho antes de que el calendario lo reconozca.
Por eso es que las piezas ya están sobre el tablero.
El gobierno de Graciela Domínguez intenta construir un Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad que articule la acción estatal con la Federación.
Morena, entretanto, ya tiene perfilada a Imelda Castro como coordinadora de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Sinaloa.
La oposición observa, cuestiona y busca convertir los resultados del gobierno en materia prima electoral.
Hasta ahí, nada extraordinario.
Lo verdaderamente interesante aparece cuando se mira debajo de la mesa.
El gobierno juega con una carta que todos los gobiernos poseen y que también constituye su mayor vulnerabilidad: la responsabilidad de ejecutar.
Puede anunciar un plan, pero tendrá que demostrar resultados. Puede entregar patrullas y radios, pero tendrá que explicar si existen suficientes policías para utilizarlos.
Puede anunciar inversiones, pero la economía juzgará su eficacia por empleos, producción, liquidez y certidumbre.
Puede hablar de gobernabilidad, pero cada episodio que revele incapacidad institucional volverá a colocar la pregunta incómoda sobre la mesa:
¿Quién tiene realmente el control político?
Gobernar significa decidir. Y decidir significa exponerse.
Ahí reside una de las grandes asimetrías de la política.
Quien está en el gobierno se equivoca a la vista de todos. Quien está fuera, puede señalar el error, sin cargar con la responsabilidad de haber tenido que decidir entre alternativas imperfectas, y, fuera del alcance de la esfera del poder civil.
—La violencia por el enfrentamiento de los carteles de las drogas lo ilustra claramente—.
Eso no convierte a la crítica en injusta. Al contrario: la crítica es indispensable. Pero sí explica por qué la crítica posee una ventaja discursiva estructural frente a la acción gubernamental.
El gobierno tiene que resolver el problema.
La oposición sólo necesita esperar para ver el resultado y ante los recurrentes y nuevos episodios de violencia criminal; puede recurrir a la estridencia y al amarillismo de los medios para demostrar que no lo resolvió.
Y cuando la realidad ofrece abundante material para cuestionar, el que critica juega con una baraja particularmente cómoda: puede elegir el ángulo, el momento y el error que pondrá bajo la lupa pública.
La política, entonces, deja de ser solamente una confrontación entre programas y proyectos de nación.
Se convierte en una disputa por la interpretación de la realidad.
Quien consiga instalar en la opinión pública, que Sinaloa vive una crisis recurrente de inseguridad y violencia, prolongada e incontenible, ganará la narrativa.
Quien consiga demostrar que esa crisis está siendo atendida con eficacia tendrá la última palabra.
Los medios llevan la voz cantante.
Y quien logre que la sociedad crea una de las dos cosas habrá obtenido algo mucho más valioso que un argumento: habrá ganado una parte de la batalla por el sentido común.
Ahí comienza la política profunda.
