Hay una pregunta que rara vez nos hacemos porque estamos demasiado ocupados discutiendo entre derecha e izquierda:
¿Quién gobierna realmente cuando termina una elección?
Cada proceso electoral nos vende la idea de que el país está obligado a escoger entre dos caminos irreconciliables.
La derecha promete crecimiento económico y libertad; la izquierda ofrece justicia social e igualdad.
Cambian los colores, los discursos y los candidatos, pero el ciudadano sigue enfrentando los mismos problemas:
Inseguridad, servicios públicos deficientes, desigualdad y una profunda desconfianza hacia quienes ejercen el poder.
Quizá el error ha sido aceptar que solo existen dos opciones.
No desconfío del mercado; desconfío de los privilegios.
Una economía necesita inversión, empresas y competencia para generar riqueza.
Sin embargo, cuando las reglas favorecen sistemáticamente a quienes ya concentran dinero e influencia, el mercado deja de ser un espacio de oportunidades y comienza a parecer un club de acceso restringido.
La reforma energética de 2013 ilustra ese dilema.
Abrir el sector a la inversión privada no era, por sí mismo, una idea condenable. De hecho, la competencia puede ser un motor de innovación y eficiencia.
La pregunta es otra: ¿el nuevo modelo se diseñó pensando primero en el interés nacional o terminó beneficiando, en mayor medida, a quienes contaban con el capital suficiente para aprovechar esa apertura?
Cuando millones de ciudadanos no perciben los beneficios prometidos, la discusión deja de ser técnica y se convierte en un problema de confianza.
Las condonaciones fiscales reforzaron esa percepción.
Aunque fueron legales, dejaron una sensación difícil de ignorar: pareciera que las reglas pueden ser más flexibles para quienes tienen mayor poder económico.
La ley puede permitir muchas cosas; la legitimidad, no.
Una democracia comienza a desgastarse cuando el ciudadano sospecha que el trato no es igual para todos.
Algo parecido ocurre con un recurso tan esencial como el agua.
La inversión privada puede aportar eficiencia, pero hay bienes que trascienden cualquier lógica de mercado.
El agua, la energía, la salud, la educación y la seguridad no son simples mercancías; son pilares de la vida en sociedad.
Por ello, el Estado no puede renunciar a su responsabilidad de proteger el interés público por encima de cualquier interés particular.
Sería un error, sin embargo, pensar que la crítica termina ahí.
La izquierda también ha extraviado parte de su identidad.
Durante décadas hizo de la justicia social, el empleo digno, los salarios y el combate a la pobreza el centro de su proyecto político.
Hoy, una parte importante de ese espacio dedica buena parte de su energía al debate cultural e identitario.
Son discusiones legítimas en una sociedad democrática, pero también lo es preguntarse si ese cambio de prioridades dejó en segundo plano problemas que siguen condicionando la vida diaria de millones de mexicanos:
La inseguridad, la falta de oportunidades, el deterioro de los servicios públicos y el estancamiento económico.
El resultado es paradójico.
Mientras una parte de la derecha corre el riesgo de acercarse demasiado al poder económico, una parte de la izquierda corre el riesgo de alejarse de las preocupaciones materiales del ciudadano.
Unos hablan con frecuencia del mercado; otros, de las identidades.
En medio de ambos discursos permanece el mismo mexicano de siempre, preguntándose cómo llegar al final de la semana, cómo encontrar atención médica, cómo enviar a sus hijos a una buena escuela o cómo regresar con seguridad a su casa.
Por eso creo que el verdadero debate no consiste en elegir entre más Estado o más mercado. Esa es una falsa disyuntiva.
México necesita un Estado fuerte donde debe serlo: en la protección de los sectores estratégicos, en la aplicación imparcial de la ley y en la garantía de derechos fundamentales.
Al mismo tiempo, necesita un sector privado competitivo, innovador y libre de privilegios, donde el éxito dependa del mérito y no de la cercanía con el poder político.
La política pierde su razón de ser cuando deja de preguntarse qué necesita el ciudadano y comienza a preguntarse quién tiene mayor capacidad para influir en las decisiones públicas.
A partir de ese momento, las ideologías dejan de ser instrumentos para mejorar la vida de las personas y se convierten en simples vehículos para conservar el poder.
Tal vez ha llegado el momento de dejar de discutir qué ideología debe gobernar México y empezar a exigir algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más difícil: que quien gobierne recuerde para quién existe el poder.
Porque cuando la derecha escucha más a las élites que a los ciudadanos, y la izquierda dedica más tiempo a las batallas ideológicas que a los problemas cotidianos de la población, el pueblo deja de tener representantes. Lo que le queda son administradores del poder.
