No hay visita presidencial que ocurra en el vacío. Mucho menos en Sinaloa.
Claudia Sheinbaum llegó este domingo 20 de septiembre para rendir cuentas de su segundo año de gobierno, pero encontró sobre la mesa una agenda que iba bastante más allá de un informe:
Violencia, seguridad, economía, confianza institucional, soberanía e inevitablemente, la incertidumbre política que ya comienza a mirar hacia 2027.
La primera pregunta, entonces, no es solamente qué vino a decirnos la Presidenta.
Es, con qué se encontró cuando llegó.
Encontró un Sinaloa que lleva dos años viviendo bajo el peso – aunque atemperado sí- pero presente aún, de una crisis de seguridad que ha trastocado la vida cotidiana.
A una semana de que miles de ciudadanos marcharon por las calles de Culiacán vestidos de blanco, convocados por colectivos y organizaciones, para exigir paz y recuperar la tranquilidad.
Sería un error convertir aquella movilización exclusivamente en una expresión partidista. Pero también sería ingenuo ignorar la presencia de actores políticos en ella.
Ambas circunstancias coexistieron en la marcha.
Aunque lo esencial está en qué: una parte de la sociedad sinaloense salió a la calle a reclamar paz y seguridad.
Y ése es, quizá, un dato político importante que recibió la Presidenta.
LA RESPUESTA FEDERAL
La presidenta Sheinbaum respondió con tres palabras que marcaron su visita: seguridad, bienestar y soberanía.
En seguridad, anunció que las fuerzas federales permanecerán en Sinaloa el tiempo que sea necesario y reiteró que no se retirarán los elementos desplegados.
También anunció una presencia más frecuente del gabinete federal para atender asuntos específicos de la entidad.
El mensaje es claro: el Gobierno de la República asume que la situación sinaloense requiere una respuesta federal sostenida.
Pero aquí aparece una pregunta que merece permanecer sobre la mesa:
¿Cuándo dejará de ser extraordinaria una presencia federal de esta magnitud y comienzará a formar parte de la normalidad institucional?
Desde luego que no es una pregunta contra la presencia del Estado. Es una pregunta de gobernabilidad.
Porque el objetivo último de una política de seguridad no puede ser solamente mantener fuerzas militares desplegadas, sino la de conseguir, que llegue el momento en que la sociedad pueda vivir segura sin necesitar esa presencia extraordinaria.
SEGURIDAD Y BIENESTAR
El segundo componente fue el bienestar.
La Presidenta vinculó la estrategia de seguridad con la ampliación de los derechos y las oportunidades para todos.
En la lógica planteada desde el Gobierno federal, para contener la emergencia se requiere fuerza institucional; porque construir una paz duradera exige también educación, salud, empleo, infraestructura y oportunidades.
De ahí los anuncios para Sinaloa:
La ampliación del subsidio eléctrico, la ampliación de la infraestructura educativa y deportiva, la atención médica, los programas para jóvenes y la presencia de distintas dependencias federales en el estado.
El Gobierno estatal confirmó que el subsidio de la CFE se extenderá hasta el 30 de noviembre y que de inmediato comenzarán las visitas del Gabinete Federal de Seguridad.
La fórmula puede resumirse así:
La fuerza del Estado para contener la emergencia. La política social para modificar las condiciones de fondo.
Pero una cosa es anunciarla y otra demostrar su eficacia. Eso sólo podrá medirse con resultados.
SOBERANÍA HACIA AFUERA, ESTADO HACIA ADENTRO
El tercer elemento fue el más político.
Desde Culiacán, la presidenta Sheinbaum afirmó que “la injerencia no resuelve los problemas; la injerencia provoca violencia”, y defendió su propuesta de una relación internacional con EE.UU. basada en soberanía y cooperación.
La referencia adquirió especial significado por las tensiones recientes con Estados Unidos en materia de seguridad y por los señalamientos formulados desde ese país respecto del gobernador con licencia.
Es importante mantener aquí la precisión: se trata de señalamientos y acusaciones atribuidos a autoridades estadounidenses, no de hechos comprobados que deban presentarse como sentencia.
La Presidenta colocó así el problema sinaloense dentro de una discusión mayor:
México puede cooperar internacionalmente, pero sin ceder la conducción de los operativos dentro de su territorio a ninguna fuerza extranjera.
La paradoja resulta interesante, pero la postura es clara y firme:
Soberanía hacia afuera; y presencia del Estado hacia adentro.
No hay contradicción.
La pregunta complementaria es cuánto tiempo necesitará el Estado mexicano para convertir esa presencia en resultados tangibles para la sociedad.
EL NUEVO GOBIERNO ESTATAL
Otro mensaje importante fue el respaldo explícito a Graciela Domínguez.
La presidenta Sheinbaum afirmó que la gobernadora cuenta con el apoyo del Gobierno de la República.
La señal institucional es clara. El nuevo Ejecutivo estatal tiene interlocución y respaldo federal.
Pero respaldo no significa solución automática.
La prueba estará en la coordinación entre gobiernos, en la ejecución de los compromisos y, sobre todo, en la capacidad de recuperar la percepción de seguridad y confianza.
EL VERDADERO TERMÓMETRO
El Gobierno de Sinaloa reportó más de 50 mil asistentes al acto presidencial en la Unión Ganadera Regional. Es una cifra oficial que debe leerse como tal.
Pero quizá el dato más interesante no sea contar el número de asistentes, sino observar las dos fotografías consecutivas, de domingo a domingo.
Primero: una cara de la ciudadanía marchando vestida de blanco reclamando paz.
Después: otra cara de la misma sociedad; la multitud recibiendo a la Presidenta.
No son necesariamente imágenes contradictorias.
Una sociedad puede recibir a su Presidenta y, al mismo tiempo, exigirle resultados.
Puede reconocer la presencia del Estado y seguir reclamando eficacia.
Puede escuchar un discurso sobre soberanía y preguntar, legítimamente, por la seguridad de su propia calle.
Ahí está el verdadero pulso.
EL DIAGNÓSTICO
La presidenta Sheinbaum encontró un Sinaloa que no está políticamente derrotado, pero sí socialmente intranquilo.
Encontró un gobierno estatal que necesita respaldo; una ciudadanía que reclama seguridad; sectores productivos que necesitan certidumbre; y una parte de la sociedad que quiere recuperar sus espacios ya.
La visita deja compromisos, pero también la obligación posterior: de verificar su cumplimiento.
Porque la política pública comienza justamente cuando termina el discurso y comienza la acción.
Y ésa debe ser la verdadera lectura de la visita presidencial.
Sinaloa no necesita solamente que las fuerzas federales permanezcan presentes.
Necesita que, finalmente, pueda volver a vivir sin que la presencia extraordinaria del Estado sea necesaria.
