POLÍTICA ELEVADA A LA N POTENCIA
Combustible que, además de mover los pistones de los motores, también impulsa proyectos de poder.
La política moderna tiene una ley física que rara vez aparece en los tratados constitucionales: ninguna organización sobrevive únicamente de sus ideales.
Las campañas cuestan. Los partidos cuestan. Las estructuras territoriales cuestan. La propaganda cuesta.
La hegemonía y, sobre todo, el control de la narrativa cuestan.
Por eso el dinero siempre termina siendo el verdadero sistema circulatorio de la actividad política.
Durante décadas el imaginario colectivo identificó al huachicol con una manguera clandestina perforando un ducto de Pemex. Esa era la fotografía del delito.
Hoy el Estado parece describir un fenómeno distinto:
El combustible ya no sólo puede escapar por una válvula; también puede desaparecer entre pedimentos aduanales, declaraciones fiscales y sofisticadas operaciones de importación.
El huachicol fiscal representa y marca precisamente ese cambio de época.
Si las investigaciones abiertas logran acreditar los hechos que hoy se imputan, no estaríamos frente a un simple caso de evasión tributaria, sino frente a una modalidad de delincuencia económica cuya materia prima no es únicamente el combustible, sino la opacidad financiera y la porosidad fiscal.
Y aquí aparece la verdadera pregunta.
¿Por qué un empresario exitoso, exalcalde, exgobernador, símbolo político, integrante de la élite económica y política, asumiría un riesgo semejante?
La explicación simplista habla de codicia.
La explicación estructural habla de poder.
En matemáticas, una potencia se expresa como aⁿ.
La base permanece igual.
Lo que modifica el resultado es el exponente.
En política ocurre algo parecido.
La riqueza puede ser la base.
Pero cuando esa riqueza encuentra un ambiente de impunidad, protección institucional o expectativas de influencia, el exponente cambia por completo el resultado.
No es la fortuna la que necesariamente multiplica el poder.
Es el poder el que multiplica el valor de la fortuna.
Porque el dinero también tiene su álgebra.
Cuando aparece en una campaña sin haber pasado por la hacienda pública, deja de ser un simple recurso económico para convertirse en una opaca y poderosa palanca política.
Y toda incógnita exige despejar la ecuación antes de declarar resuelto el problema.
Ésa es la verdadera potencia política.
Si un flujo de recursos permaneciera fuera de los mecanismos ordinarios de fiscalización, su utilidad ya no consistiría únicamente en incrementar un patrimonio privado.
También podría convertirse —si las autoridades llegaran a demostrar un uso ilícito— en una herramienta capaz de financiar estructuras, narrativas, movilización territorial e influencia electoral.
Esa posibilidad explica por qué la discusión ya no se limita al ámbito fiscal y alcanza al debate sobre la fiscalización de los recursos de las organizaciones políticas.
Por eso el debate ya no gira solamente alrededor de un exgobernador.
Gira alrededor de una vieja paradoja mexicana.
Se solicita un permiso.
Se obtiene legalmente.
Después se abusa de él.
Cuando la autoridad intenta cancelarlo, aparece el amparo para protegerlo.
Si posteriormente surge una investigación penal y la privación de la libertad: entonces emerge la narrativa salvadora de la “persecución política”.
Y mientras el debate público discute quién es víctima y quién es victimario, la pregunta verdaderamente importante permanece intacta a la deriva:
¿Dónde, porqué y con quién terminó el dinero?
En un Estado de Derecho la presunción de inocencia no es negociable.
Pero tampoco puede convertirse en presunción automática de pureza política.
Las investigaciones deberán probar —o descartar— responsabilidades individuales.
Esa tarea corresponde exclusivamente a los tribunales.
La nuestra consiste en otra cosa.
Entender cómo y por qué, el dinero clandestino, sin importar su origen, permea y trasciende ideologías, y por eso constituye una amenaza extrema para cualquier democracia, sin importar el partido que eventualmente pudiera beneficiarse de él.
Porque cuando los recursos se apartan de la ruta del fisco, tarde o temprano intentan seguir la ruta del poder.
Y cuando ese dinero se convierte en combustible de la política, la competencia democrática deja de medirse en votos para empezar a medirse en litros de “huachicol”.
Colofón
Decía Gramsci que la hegemonía nunca descansa únicamente en la fuerza, sino en la capacidad de construir consenso.
Quizá convenga actualizar la frase para los tiempos del huachicol fiscal: ninguna hegemonía puede presumirse legítima si el combustible que alimenta su narrativa no soporta la prueba de la transparencia.
Porque la democracia admite competencia; pero lo que no puede admitir es que la opacidad termine fungiendo como una estación de servicio para reabastece el poder.
Carpe Diem político:
En México no siempre es el dinero el que compra el poder; con demasiada frecuencia es el poder el que termina justificando el origen del dinero.
Esa es la ecuación que una República no puede permitirse resolver al revés.
