En política suele afirmarse que el desarrollo de un país depende de la riqueza de sus recursos naturales, de su ubicación geográfica o incluso de la capacidad de sus gobernantes.
Sin embargo, la evidencia histórica demuestra que ninguna de estas variables explica por sí sola el éxito o el fracaso de una nación.
La verdadera diferencia radica en la fortaleza de sus instituciones, y en la política económica que dictaminan sus gobernantes.
Esa es la tesis central desarrollada por los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson en Por qué fracasan los países, una obra que plantea una pregunta tan sencilla como incómoda:
¿Por qué algunos países prosperan mientras otros permanecen atrapados en el atraso?
Los autores sostienen que las naciones fracasan cuando permiten que el poder político y económico se concentre en unos cuantos.
A estas las denominan instituciones extractivas: sistemas diseñados para beneficiar a una élite mediante el control de la riqueza, la limitación de la competencia y el debilitamiento del Estado de derecho.
En esos entornos, la innovación se castiga, el mérito pierde valor y la ciudadanía termina desconfiando de quienes gobiernan.
En contraste, los países que logran un crecimiento sostenido construyen instituciones inclusivas.
Es decir, reglas que garantizan igualdad de oportunidades, respeto a la propiedad, acceso a la justicia, competencia económica y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Cuando las reglas son claras y se aplican para todos por igual, las personas tienen incentivos para invertir, emprender y participar activamente en la vida pública.
Esta reflexión resulta especialmente pertinente para México.
Durante décadas, el país ha debatido sobre modelos económicos, reformas administrativas y cambios de gobierno.
Sin embargo, con demasiada frecuencia se ha dejado en segundo plano la calidad de las instituciones.
Cambiar personas sin transformar las reglas produce resultados limitados. La historia demuestra que ningún liderazgo, por más carismático que sea, puede sustituir instituciones sólidas.
La democracia tampoco debe reducirse al ejercicio periódico del voto.
Una democracia madura exige contrapesos efectivos, transparencia, independencia judicial, órganos de fiscalización fuertes y una ciudadanía capaz de exigir cuentas.
Cuando estos elementos se debilitan, el riesgo de concentración del poder aumenta y, con ello, la posibilidad de retroceder en libertades y desarrollo.
El mensaje de Acemoglu y Robinson trasciende la economía.
Es, en esencia, una advertencia política. Los países no fracasan por falta de talento, ni por escasez de recursos, sino cuando las instituciones dejan de servir al interés general y comienzan a proteger intereses particulares.
El deterioro institucional suele ser gradual: inicia con la normalización de privilegios, continúa con la captura de espacios públicos y termina erosionando la confianza social.
En un contexto de incertidumbre global, México necesita mirar más allá de las coyunturas electorales.
El verdadero debate no consiste únicamente en quién gobierna, sino en cómo se gobierna y bajo qué reglas.
El desarrollo no depende exclusivamente de buenos discursos ni de promesas de campaña; depende de construir instituciones que sobrevivan a los gobiernos y que garanticen estabilidad, legalidad e igualdad de oportunidades.
Las naciones que han logrado prosperar entendieron que las instituciones son el patrimonio más valioso de una sociedad.
Son ellas las que limitan el abuso del poder, protegen los derechos de las personas y permiten que el esfuerzo individual se traduzca en bienestar colectivo.
Quizá la mayor lección de Por qué fracasan los países sea precisamente esa: el futuro de una nación no está escrito por la geografía ni determinado por la fortuna.
Se construye todos los días mediante instituciones capaces de poner el interés público por encima de cualquier proyecto personal o político.
Abogado por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, y Maestría en Gestión y Política Publica.
