Culiacán, Sinaloa, 02 de junio 2026.
Hace cerca de cuatro meses, el 18 de febrero pasado, personeros de “asociaciones y barras de abogados” presentaron, ante la Fiscalía General de la República (FGR) una querella contra el Gobernador de Sinaloa para que “se investiguen declaraciones sobre presuntos tratos con poderes fácticos”, pero no entregaron pruebas sustentables.
En círculos de la “oposición” prianista se comentó que, luego de la campaña de linchamiento contra Rocha (que sigue en curso) era buen momento para presentar la demanda que tendría efecto mediático.
No por coincidencia, unos días después, a fines de febrero, el Departamento de Estado gringo y la DEA presentaron, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, una denuncia contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador, casi por lo mismo que dijeron los abogados y algunos agregados.
QUE LA ARMEN MEJOR
La juez Katherine Polk, del Distrito Sur, les regresó el expediente, pues claramente no era sustentable, y les sugirió que aportaran pruebas creíbles. Nada de eso se hizo público.
La DEA rearmó el expediente, retomando los dichos de los abogados mexicanos, con “información adicional” que le hicieron llegar personeros del prianismo y volvió a presentar la denuncia en el juzgado de Nueva York.
Un mes después, el 29 de abril pasado, la Corte del Distrito Sur de Nueva York presentó, con base en los dichos de la DEA, que a su vez fueron alimentados por la oposición prianista de México, una acusación formal contra los diez sinaloenses que, previa y en curso campaña mediática, ya habían sido satanizados y condenados en los sitios pagados de las “redes”.
El dos de mayo, los gringos pidieron la detención y extradición de los diez demandados, pero, de nuevo, no aportaron los referentes sustentables indispensables para tal medida.
SIN PRUEBAS, HASTA LA FECHA
El gobierno de México envió una nota diplomática pidiendo pruebas formales, evidencias, pues en la petición del gobierno gringo solo se presentaba una hoja garrapateada, con supuestos pagos, escrita a mano, que no se puede considerar seriamente.
El mismo 2 de mayo Rocha Moya se separa temporalmente de su cargo y, a mediados del mes, Estados Unidos solicita la detención, con fines de extradición, de los diez acusados.
En la corte de Nueva York se sigue advirtiendo que las supuestas pruebas son muy endebles, pero nada de eso se hace público, aunque es un secreto a voces en la corte.
En su “inner circle”, la fiscalía a cargo del caso en Nueva York adelanta que tendrá a su disposición declaraciones de reos sentenciados que han negociado con ellos.
Tales declaraciones, para la justicia mexicana, se deben acompañar de pruebas, lo que es improbable en este caso.
A la fecha, el juzgado de Nueva York sigue sin presentar pruebas y sin sustentar debidamente su acusación.
LA TREMENDA CORTE
El lunes primero del mes en curso, en apenas 20 minutos, la juez Katherine Polk, del Distrito sur de Nueva York, encontró “abundancia” de pruebas contra el general Gerardo Mérida (que voluntariamente se entregó las autoridades gringas), aunque reconoció que las aportadas por la parte acusadora “tendrían que ser analizadas en otra diligencia”, que se programó para el próximo 4 de agosto de este año.
La preocupación de la juez es la misma desde que recibió la primera versión de la denuncia: no hay pruebas sustentables, pero si la consigna trumpiana se obedece al pie de la letra, harán caso omiso de la verdad, como siempre.
En el caso, donde el principal acusado es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, participan Jay Clayton, apodado “fiscal estrella” de Donald Trump, quien es fiscal del Distrito Sur de Nueva York, y muy influyente en el área, sobre todo por su cercanía con la Casa Blanca.
Clayton, que también es uno de los asesores clave del Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados Financieros, encabezó el equipo que trabajó en el caso de Nicolás Maduro a quien, por cierto, nada le han podido probar del supuesto “cartel de El Sol”, pero igual lo mantienen preso.
EN EL TINTERO
-Un ex alto funcionario de la CIA, David Rushe, que “contaba con acceso a información de nivel ultrasecreto”, ha sido acusado formalmente de robar cientos de lingotes de oro al gobierno de Estados Unidos, valorados en más de 40 millones de dólares, y esconderlos en su casa.
–Ha sido arrestado, acusado de robo de dinero público y, según analistas críticos, “eso le pasó por enemistarse con los jefes actuales de la CIA”.
-La presidenta Sheinbaum advirtió sobre las redes sociales y los algoritmos en la difusión de campañas negativas. Que existen bots (en Sinaloa operan varios) y son financiados para internalizar mensajes de odio.
-Y con esos factores, no se recuerda en el pasado reciente una campaña tan infame, contra un presidente de la República como la que enfrenta Sheinbaum, y contra el gobernador Rocha Moya.
–Se confunde a sabiendas el embajador de la CIA en México, Johnson: quienes utilizan su corrupto aparato de “justicia” para politizar sus maniobras, es el de Estados Unidos, sin asomo de duda.
–La conspiración (después detallaré el asunto) tiene dos vías: la estadounidense y la mexicana.
En la parte local, la difamación y la calumnia ocupan lugar central.
(cano.1979@live.com).
