Culiacán, Sinaloa, 30 de mayo 2026.
Son del todo pertinentes las cuestiones que plantea el crítico lector: “¿Y qué con los excesos del vulgar amarillismo? Una práctica de cierta prensa y de quienes han tomado al periodismo por asalto desde las turbias “redes”.
“Algunos medios, cuando de actos delictivos, presumibles o consumados, se trata, se escudan en los boletines oficiales y, en lo político, en el mitote inane, la acusación sin pruebas y la calumnia de los “declarantes”.
“¿Qué con los derechos de inocentes que son exhibidos sin culpabilidad alguna y de sus familiares que son víctimas del escarnio?”
“¿Y el silencio de la gran prensa ante las desviaciones más graves de la política patrocinada desde Estados Unidos?”
Hay muchas cuestiones que deben ser discutidas abiertamente. Una agenda que ya es hora de aceptar y proceder en consecuencia. La credibilidad se gana y la prensa tiene esa tarea pendiente en Sinaloa. Y en México todo.
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
Un poco de historia: el 6 de Octubre de 1977, el entonces presidente de México, José López Portillo, envió al Congreso una iniciativa de Ley sobre Reforma Política en la que introdujo el tema del Derecho a la Información.
Se agregó al Artículo Sexto Constitucional: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”
El 3 de noviembre de 1977 el Senado dictaminó a favor y en diciembre el artículo sexto quedó reformado.
El derecho a la información sería en lo sucesivo, al menos formalmente, garantizado por el Estado.
Era necesario, entonces, trabajar en su regulación legal y reglamentaria.
Se propuso realizar consultas ciudadanas al respecto y en 1979 se iniciaron los trabajos coordinados por la Cámara de Diputados.
Había, no obstante, temores de que mediante su reglamentación se limitara el derecho a la información y de que el hilo se rompiera por lo más delgado: la prensa más crítica, la independiente y marginal.
UNA CUESTIÓN COMPLEJA
Pero la reglamentación no era fácil. Partiendo de que el derecho a la información se concibe como una garantía social, cualquier forma de control podía ponerla en riesgo.
La Asociación de Periodistas de Sinaloa, que era presidida por Don Martín Mendoza, atendió la convocatoria a la consulta y decidió enviar un delegado a Hermosillo, Sonora, donde sería la regional del noroeste de México.
En asamblea se discutió la posición de la APS, se redactó un documento y quien esto escribe fue designado para acudir a la capital sonorense, en noviembre de 1979, donde debatimos con una comisión amplia de diputados federales nuestra opinión institucional.
Posteriormente acudimos a la plenaria nacional, que tuvo lugar en Acapulco, Guerrero, y una vez más logramos que la postura de la APS fuera tomada en cuenta. Delegados nacionales y prensa extranjera retomaron nuestra ponencia que fue ampliamente comentada, como había sucedido en Sonora.
Don Martín Mendoza, quien fuera excelente columnista político, se refirió a esa experiencia que nos hace recordar tiempos y dinámicas que el periodismo sinaloense debería recuperar.
EL NEGOCIO DE LA “SALUD”
Los servicios privados de hospitalización y atención médica en México se mueven en una concentración del mercado. Cuatro grandes cadenas privadas poseen cerca de 80% de los servicios hospitalarios que utilizan los seguros de gastos médicos.
“Todos los conocemos. No hay más que estos cuatro grupos: Grupo Ángeles, San Ángel Inn, Star Médica y Médica Sur”, señaló Enrique Hernández Lezama en una entrevista a medios nacionales.
Los analistas coinciden en que, así como Oxfam ha documentado, la concentración del ingreso en pocas familias en México, el sistema de salud privado también muestra una alta concentración de mercado.
A eso se suma la falta de regulación en los costos. Datos del Instituto Nacional de Salud Pública indican que los gastos hospitalarios y honorarios médicos representan cerca de 16% del gasto en salud. Sin embargo, en el costo final de un seguro, el impacto puede elevarse hasta 70 por ciento.
EN EL TINTERO
-En efecto, está plenamente documentada la presencia y actuación de una red internacional de organismos de ultraderecha que, con el patrocinio directo del gobierno gringo, arman campañas para desestabilizar a gobiernos democráticos, como el mexicano.
-Participan en esa red personeros de los franquistas en España (Partido Popular (PP) y Vox), ultras de Washington y la Florida trumpistas, y el estrambótico Javier Milei, de Argentina, además de grupos locales en Costa Rica, Perú, Ecuador y México.
-En esa línea sigue la campaña, desprestigiada de origen, del gobierno gringo contra Sinaloa y México, utilizando a “comunicadores” que, según fuentes documentadas, son empleados de la CIA e informantes de la DEA.
–La señora Maru Campos violó la Constitución, sin asomo de duda. Deber ser desaforada y retirada de la gubernatura de Chihuahua. Lo demás es simple show prianista.
–Miente la Coparmex al afirmar que “casi la mitad de las empresas han dejado de operar en la entidad”, por inseguridad y “deterioro económico”.
Como se ve, hacen su parte en la campaña mediática contra Sinaloa.
(cano.1979@live.com).
