ENTRE LA CRUZ Y LA ESPADA (I):
La separación entre la Iglesia y el Estado —entre la cruz y la espada— no es un episodio cerrado en la historia de México, sino una tensión permanente que hoy vuelve a manifestarse, con especial fuerza, en el terreno de la educación.
Porque, aunque la Constitución establece con claridad el carácter laico de la enseñanza, en la práctica la realidad desmiente el mandato: la educación laica, para decirlo sin rodeos, se ha ido convirtiendo en letra muerta.
Basta observar el crecimiento y consolidación de colegios privados vinculados a órdenes religiosas.
No sólo imparten educación: han construido un sólido modelo de negocio dirigido a las clases acomodadas, convirtiendo un derecho en mercancía.
Así, mientras el discurso oficial habla de igualdad, en los hechos se reproduce una educación segmentada: una para quienes pueden pagarla y otra —muchas veces precarizada— para quienes dependen del Estado.
La paradoja es brutal.
Desde las reformas educativas que emanan del espíritu de la Constitución de 1917, el Estado asumió la obligación indeclinable de educar, y los mexicanos el derecho irrenunciable de recibir educación; obligatoria, gratuita y laica.
No como privilegio, sino como condición básica de ciudadanía.
Bajo esa lógica, por fin se escribió en las leyes de la patria; una de las máximas más potentes del ideario social mexicano: “que se eduque al hijo del labrador y el barretero como al hijo del más rico hacendado”: J.M. Morelos
Pero la historia ha sido, también, una disputa constante por ese principio.
Desde la Constitución de 1824 y la Constitución de 1857, pasando por las Leyes de Reforma, hasta los conflictos abiertos como la Guerra Cristera, la educación ha sido uno de los campos centrales de la llamada “batalla cultural”.
La Cristiada no fue sólo un conflicto armado: fue, en el fondo, una disputa por el control de las conciencias. Y sus ecos siguen presentes.
Las derechas conservadoras contemporáneas no pueden entenderse sin esa herencia histórica, donde religión, política y poder económico se entrelazan.
Hoy, ese entramado se expresa en la influencia del clero secular que aspira gobernar la vida de los creyentes inculcándoles fe e imponiéndoles obediencia —no sólo espiritual, sino también intelectual— en espacios educativos estratégicos.
Colegios privados de élite, que en el fondo es la formación de cuadros con construcción de valores conservadores: es un todo que forma parte de una disputa silenciosa pero profunda por el sentido y el derrotero político de la nación.
No es casual que regiones con fuerte raigambre católica y conservadora como Guanajuato, Chihuahua, Jalisco o Querétaro; sean también bastiones políticos de esa derecha.
Ni que organizaciones de corte secreto como El Yunque hayan operado durante décadas en la formación de élites políticas y empresariales.
En ese contexto, el Partido Acción Nacional ha asumido —explícita e implícitamente— la representación de ese universo católico conservador, articulando una agenda donde la educación no escapa a la disputa ideológica.
La historia reciente también ofrece episodios reveladores.
La figura del obispo progresista Sergio Méndez Arceo —el llamado “Obispo Rojo”— representó un intento de reconciliar fe y justicia social.
Sin embargo, su influencia fue contrarrestada desde el propio Vaticano con el envío del nuncio apostólico Girolamo Prigione, un personaje ultraconservador de oscuras relaciones—se reunió en la nunciatura con los hermanos Arellano Félix— cuya nefasta gestión coincidió curiosamente con la de John Dimitri Negroponte, otro oscuro personaje de la tenebrosa diplomacia de Estados Unidos en México.
Entre ambos, indujeron un viraje conservador en la relación Iglesia-Estado y se consolidó la sumisión económica y política de México a los intereses del imperio.
Ese giro no fue aislado.
Coincidió con una reconfiguración política más amplia: alianzas entre fuerzas conservadoras, derrotas electorales que derivaron en prácticas fraudulentas —como las denunciadas en el contexto del triunfo del Frente Democrático Nacional— y la consolidación de un régimen que Mario Vargas Llosa bautizó como “la dictadura perfecta”.
De ahí emergió una nueva élite político-económica que, bajo el signo del neoliberalismo, privatizó sectores estratégicos, debilitó al Estado y profundizó la desigualdad.
En ese proceso, la educación dejó de ser un proyecto nacional para convertirse, cada vez más, en un mercado.
La pregunta de fondo sigue vigente —como bien lo ha planteado el historiador Lorenzo Meyer—: ¿de quién es la responsabilidad de que esa derecha religiosa y conservadora no sólo sobreviva, sino que avance?
Tal vez la respuesta incomode: no es sólo obra de sus promotores, sino también de la omisión, la tibieza o la renuncia de quienes debieron defender el carácter laico del Estado.
Porque cuando la educación se convierte en privilegio, cuando la fe se filtra en la política pública y cuando la historia se olvida o se tergiversa, lo que está en juego no es sólo un modelo educativo, sino el tipo de país que queremos ser.
Y en esa disyuntiva —entre la cruz y la espada— México sigue todavía, peligrosamente, sin resolver su destino.
