Culiacán, Sinaloa, 28 de marzo, 2026.
Un atento y crítico lector solicita los argumentos por los que este columnista está de acuerdo con la desaparición de la Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (Ceaipes).
Como ya lo he referido en columnas pasadas, el hecho es que, si nos atenemos a sus resultados evaluables, a lo positivo y recuperable de una función designada, tanto la llamada Laipes (Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa) como su producto (la Ceaipes) resultan irrelevantes, innecesarias, además de dispendiosa esta última.
En Sinaloa ya se tenían y se tienen leyes suficientes para atender la transparencia, cumplirlas era y es lo necesario.
UN APARATO INNECESARIO Y ONEROSO
En su momento dijimos y argumentamos, sin que hubiera respuesta valedera, que la tal Laipes era innecesaria, así como la derivada comisión, pues bastaría con aplicar las leyes ya vigentes, a secas, y sancionar efectivamente a todo aquel funcionario que negara información que está obligado a proporcionar sobre el uso de los recursos públicos a su cargo.
Es una cuestión de sentido común, pero se hizo la citada Laipes, pagando caras asesorías y creando después aparatos burocráticos que, a la postre, como se vio a la luz de sus resultados prácticos, en realidad se convirtieron en obstáculos para un efectivo acceso a la información pública.
LO QUE REPITE LA LAIPES
Plagada de lugares comunes, y colgada de la Ley de Responsabilidades vigente, en la Ley de Acceso se repetían las intenciones recuperables, por ejemplo:
Que todas las entidades públicas estén sometidas al principio de publicidad de sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública.
Que la información mínima debe ser publicada, puesto que las “entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto”:
Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que la rige.
Y MÁS DE LO MISMO
También el directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso, dirección electrónica oficial.
Por lógica, la remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente.
Y las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios.
A todo eso tiene derecho el ciudadano común, con o sin Laipes.
¿UN RETROCESO “DEMOCRÁTICO”?
Según algunos actores de la relativa participación ciudadana, la reforma constitucional que elimina a la Comisión Estatal de Derechos Humanos es una “decisión (que) representa un retroceso democrático por el cual se luchó durante años”.
Según esa visión, se lamenta que “se haya optado por desaparecer un organismo autónomo que durante años fue impulsado como una garantía para la ciudadanía”.
Desinformación y carencia de experiencias al respecto, es lo que ha motivado tales opiniones.
Por lo que toca al trato que la tal Ceaipes le dio durante su existencia a la prensa crítica, no hay mucho que abundar. En la práctica, siempre fue un espacio amable y disponible para los amigos, cuotas y cuates.
A la postre sus “altas tareas” no pasaron de lo figurativo, accesorio y superficial.
UNA MEDIDA NECESARIA
A más de 270 ONG les cancela el SAT los permisos para recibir donativos deducibles de impuestos.
Ello, porque “las organizaciones no cumplieron con los requisitos establecidos para mantener su estatus como donatarias autorizadas”.
Otras, no logran demostrar el carácter “científico” de sus investigaciones (la mayoría inexistentes).
Se trata de garantizar “la transparencia en el manejo de recursos y evitar irregularidades” (que se han dado).
Entre las asociaciones que perdieron ese beneficio están Mexicanos Primero, México Evalúa y Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que no han sido transparentes.
Como sea, están solicitando “una nueva autorización”.
EN EL TINTERO
-El “plan A” de la reforma electoral no correspondía a los reclamos ciudadanos, menos el “plan B”. Sigue el parasitismo plurinominal y los grandes negocios con las “prerrogativas” (hay partidos que son meramente sociedades ni tan anónimas).
-La gusanera cubana de Miami, encabezada por Marco Rubio, exige el regreso de la dictadura.
(cano.1979@live.com).
