La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministras y ministros constituyen un hito que quedará inscrito en la historia constitucional del país.
Su conformación representa un nítido paisaje policromático de la democracia mexicana contemporánea: plural, conflictiva, viva y profundamente política en el mejor sentido republicano del término.
Por primera vez en la historia reciente, nueve ministras y ministros han sido electos directamente por el pueblo, y a la voz soberana del pueblo se deben.
Este hecho rompe con una larga tradición de designaciones cupulares y pactos en lo oscurito que caracterizaron al viejo régimen, en el cual el Poder Judicial —y particularmente la Suprema Corte— operó como un apéndice de una élite financiera, empresarial y política que ejerció el poder bajo formas auténticamente oligárquicas.
Durante décadas, la Corte no fue un contrapeso real, sino una institución rendida ante el poderoso caballero Don Dinero.
Un poder judicial que torció el Estado de derecho, mercantilizó la aplicación de la ley y prostituyó la justicia, atropellando —como bajo los cascos de un caballo desbocado— los más caros preceptos constitucionales: la igualdad ante la ley, la justicia social y el honor republicano.
Principios que, no debe olvidarse, costaron sangre, martirio y gloria en las grandes gestas históricas que fundaron la nación:
“Hay la sangre que la arena regó, el martirio y consagró la gloria”.
Ese Poder Judicial fue rehén de los poderes fácticos.
En vergonzosos y aciagos años, olvidó su juramento de servir al pueblo con honestidad, dignidad y sentido de justicia.
En lugar de ello, se dedicó a vender sentencias, abrir las puertas a los delincuentes de cuello blanco, proteger a los ricos de cuello sucio, blindar a políticos corruptos y amparar a evasores fiscales.
La justicia dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio accesible sólo a quien pudiera pagarla.
La Suprema Corte y buena parte del Poder Judicial son responsables directos de la monstruosa impunidad que reinó durante décadas en México.
Una impunidad estructural, sistemática, casi institucionalizada, que sólo comenzó a resquebrajarse cuando “el pueblo, que se cansa de tanta pinche tranza”, decidió ejercer su soberanía y expulsarlos —no arrastrándolos, pero sí empujándolos— del recinto sagrado que ocupa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el número 2 de la calle Pino Suárez, frente al Zócalo capitalino.
Tras su salida, quedó al descubierto la fetidez de una larga era de injusticia y podredumbre.
Una peste judicial que, irradiada desde la Corte frente a la Plaza de la Constitución, se extendió por todo el entramado del Poder Judicial de la Federación.
Esa corrupción no se ha desvanecido del todo y, como diría don Teofilito, no se extinguirá de inmediato.
Sin embargo, el proceso de saneamiento avanza.
El próximo 6 de junio de 2027 —fecha largamente esperada— el pueblo elegirá al 50% restante de jueces civiles, jueces federales de distrito y magistrados de circuito.
Será entonces cuando el principio democrático termine de penetrar en el último reducto del poder judicial.
Sólo hasta la toma de posesión de esos nuevos juzgadores veremos salir, de los sagrados recintos de la impartición de justicia, al monstruo de la corrupción, arrastrando su fétida cola.
Será necesario mantener abiertas todas las puertas y ventanas institucionales, para permitir la entrada del aire republicano y del escrutinio ciudadano, hasta que se disipe por completo la pestilencia acumulada durante décadas.
Al pueblo le ha costado más de un siglo de luchas arrancar al Poder Judicial del clandestinaje político en el que operó, confabulado con un poder político frecuentemente carente de legitimidad democrática.
Hoy, por fin, ese poder comienza a ser expuesto a la luz pública, al juicio ciudadano y a la vigilancia democrática que toda república auténtica exige.
