Sinaloa: la batalla que se libra arriba y abajo de la mesa
Sinaloa no enfrenta solamente una crisis.
Enfrenta varias crisis que han comenzado a sincronizarse.
La seguridad golpea la confianza.
La inseguridad afecta la economía.
La economía golpea al empleo.
El deterioro económico aumenta la incertidumbre.
La incertidumbre erosiona la confianza.
La pérdida de confianza alimenta la disputa política.
Y la disputa política convierte cada deficiencia gubernamental en argumento de lucha política.
Es un circuito urgido de transvaloración social con cargo al humanismo mexicano;
Toda una invocación al ultrahombre.
Por eso la violencia no puede analizarse solamente como asunto policiaco.
La propia discusión pública de estos días ha comenzado a desplazar el problema hacia una cuestión más amplia:
La capacidad del Gobierno y del Estado nacional para garantizar el regreso a la normalidad de nuestra región.
La Sindicatura de Tepuche nos ofrece una imagen particularmente poderosa,
de la percepción de menoscabo a la soberanía interior,
debido al predominio factico prolongado.
Ahora sabemos que para la designación de una autoridad local, se debe considerar primero,
si existen condiciones de seguridad para el desempeño de tal autoridad.
La discusión ya no gira solamente alrededor de quién ocupará el cargo de Síndico.
Gira alrededor de si existen condiciones para ejercer en Tepuche el poder jurisdiccional de la cabecera municipal.
La pregunta es mucho más grande que el municipio de Culiacán.
¿Qué ocurre cuando la seguridad deja de ser el piso sobre el cual funciona la política?
Ocurre que las instituciones comienzan a trabajar bajo excepción.
Y cuando la excepción se prolonga demasiado, corre el riesgo de convertirse en normalidad.
Por eso es significativo, resulta entendible y legítimo que la oposición
aproveche ese resorte social para convocar a una movilización ciudadana por la paz,
mañana domingo trece, encabezada por el Obispo de Culiacán J.J. Herrera Quiñonez.
No hace falta atribuirle una intención partidista para reconocer su importancia política.
Una sociedad que sale a la calle para pedir paz está diciendo algo elemental:
no quiere acostumbrarse a vivir bajo la incertidumbre.
La Iglesia puede convocar.
Los colectivos pueden organizar.
Los sectores pueden presionar.
Los medios pueden amplificar.
La oposición puede convertirlo en argumento.
Pero ninguna de esas cosas, por sí misma, determina el triunfo electoral.
El voto mayoritario pertenece al interregno popular.
Al territorio silencioso.
Y aquí aparece la verdadera paradoja coyuntural.
Es sorprendente, pero aquellos que sueñan con volver al poder, tienen una ventaja:
no están obligados a demostrar que ellos sí pueden gobernar hoy,
porque antes lo hicieron y la pax narca casi siempre los acompañó.
Y quienes gobiernan tienen una desventaja:
tienen que demostrarlo combatiendo a la delincuencia, con o sin eficacia, pero todos los días.
Los primeros pueden exigir resultados.
Los segundos tienen que producirlos.
Los primeros pueden señalar el costo del error.
Los segundos tienen que asumirlo.
Los primeros pueden construir una narrativa alrededor de cada fracaso oficialista.
Los segundos tienen que desmontarla con resultados perceptibles.
Y, sin embargo, ninguno posee todavía la última palabra.
Porque la última palabra pertenece a ese sector de la sociedad que casi nunca aparece en la fotografía política.
El ciudadano común.
El elector.
El mismo que quizá no tiene periódico, micrófono, organización ni tribuna.
Pero tiene memoria y tiene el voto reservado, como un as bajo la manga.
Por eso la verdadera batalla política de Sinaloa tiene dos escenarios simultáneos.
Arriba se disputa la narrativa. Abajo se construye la decisión.
Arriba se intenta definir qué significa y cómo se combate la crisis.
Abajo se decide quién pagará políticamente por ella.
Arriba se juega con argumentos, alianzas, organizaciones, recursos y medios de comunicación.
Abajo se juega con la memoria, con la experiencia cotidiana y con el voto bajo reserva.
Y entre ambos mundos, obligado a hacerlo bien, está el gobierno interino de Graciela Domínguez,
dedicada por entero a domar la crisis, mientras los demás hacen política.
Ésa es la ventaja y, al mismo tiempo, la condena del poder.
Porque quien gobierna no puede esconderse detrás de una interpretación.
Tiene que actuar y toda acción tiene un costo.
Toda decisión tiene un riesgo y todo riesgo puede convertirse en error.
Y todo error puede convertirse en argumento opositor.
Pero también existe el reverso de la moneda:
los buenos resultados destruyen la mejor narrativa opositora.
Un gobierno no recupera confianza alegando que sus críticos exageran.
La recupera cuando la realidad alcanza para contradecirlos.
Por eso los próximos meses, será importante lo que hablen los políticos en campaña,
pero más importante será, lo que el gobierno interino consiga demostrar.
La seguridad tendrá que parir seguridad.
La política económica tendrá que producir certidumbre.
El campo tendrá que encontrar rentabilidad.
Las instituciones tendrán que recuperar capacidad.
Y quienes aspiran a gobernar tendrán que mostrar su capacidad de concertación y algo más,
ante la acidez de la crítica opositora por un lado, y el fantasma del voto de castigo por el otro,
para poderlo exorcizar con el mantra de sus discursos edulcorados.
Durante y al final del próximo proceso electoral:
¿la esperanza de la ciudadanía será escéptica y se resistirá a la seducción de la oferta política?
Y sobre la fascinante hipocresía, sobre el rejuego engañoso de las cartas sobre la mesa…
¿se volverá a imponer la utopía del humanismo mexicano?
Una pregunta y una sola respuesta definirán al ganador y al perdedor:
Entre ricos y pobres, ¿Con quién te la vas a jugar?
