Un drama de cara al destino:
Fuero constitucional y racionalidad estratégica en disputa, soliloquio convertido en monologo público con la intromisión de todos.
El debate sobre la licencia de funcionarios bajo investigación en Sinaloa ha dejado de ser un asunto administrativo para convertirse en un problema de teoría política aplicada:
¿Qué pesa más, en contextos de incertidumbre institucional, la presunción de inocencia o la necesidad de preservar la legitimidad?
La intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del 6 de mayo no resolvió el dilema; lo sofisticó.
Al afirmar que “no podemos obligar a nadie a pedir licencia”, pero al sugerir que hacerlo expresa confianza —“el que nada debe, nada teme”—, desplazó el eje de la discusión del terreno jurídico al simbólico.
Decisiones divergentes, racionalidades distintas.
Las decisiones de Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendivil de solicitar licencia pueden interpretarse como estrategias de contención institucional.
En términos de teoría de juegos, ambos optan por reducir el costo sistémico: ceden “temporalmente” el poder para evitar que la investigación contamine la función pública.
No es necesariamente un acto de virtud, sino de cálculo y buen oficio: minimizar externalidades negativas.
En contraste, Enrique Inzunza Cázarez adopta una estrategia distinta:
Maximizar su posición jurídica manteniendo el fuero.
Su decisión sugiere, que no percibe el riesgo en la opinión pública inmediata, sino en la eventualidad de un proceso penal sujeto a condicionantes políticas.
Aquí la racionalidad es defensiva: es controlar el tiempo y las condiciones del conflicto, en espera de que el conflicto político muestre su fondo y, que la virulencia mediática desbordada atempere y conceda el paso al análisis objetivo del derecho.
El fuero como institución ambivalente.
Este caso reabre la discusión clásica de los constitucionalistas mexicanos:
El fuero como garantía funcional frente al poder punitivo del Estado, y como mecanismo de protección, a alguien que no se reconoce como pieza sacrificable del ajedrez político bilateral.
En contextos de alta desconfianza institucional, esa ambivalencia se exacerba.
Lo que en teoría protege la función legislativa, en la práctica puede leerse como privilegio.
La negativa de Inzunza no es ilegal; pero en el plano de la percepción pública, la legalidad no agota la legitimidad.
La señal presidencial como marco de incentivos
La postura de Claudia Sheinbaum funciona como un mecanismo indirecto de coordinación política. No impone sanciones, pero redefine los incentivos:
Pedir licencia: es señal de confianza. No pedirla: es exposición a la sospecha.
Es un diseño elegante en términos políticos: el Ejecutivo evita intervenir formalmente, pero incide en el comportamiento de los actores.
El drama entra así en un equilibrio inestable y frágil:
Veamos: si todos los políticos piden licencia ante investigaciones preliminares, se erosiona la presunción de inocencia.
Si nadie lo hace, se normaliza la desconexión entre poder y responsabilidad pública.
Sinaloa se convierte entonces en un laboratorio de este equilibrio inestable, donde cada decisión individual redefine el estándar colectivo.
El riesgo político: la narrativa de fuerza por un lado y la victimización por él otro.
En este contexto, la resistencia puede escalar hacia una narrativa de confrontación.
La historia reciente en México muestra cómo actores bajo presión judicial pueden reconfigurar su defensa como persecución política.
Pero también hay que decirlo, sacrificar la presunción de inocencia a la política, es rendirse ante el satanismo imperial.
El referente de Nicolás Maduro ilustra un extremo: el cierre de filas institucional frente a investigaciones, reinterpretadas como amenazas al régimen.
Por otro lado, la estrategia de confrontación discursiva y judicial asociada a Donald Trump muestra cómo la judicialización puede convertirse en plataforma política.
No se trata de equivalencias, sino de advertencias: la judicialización de la política puede derivar en la politización de la justicia.
Quien hoy decida “jugar a las vencidas” con la línea marcada por Claudia Sheinbaum no solo enfrenta un cálculo jurídico, sino un problema de tiempo político.
Porque en este nuevo estándar de heroísmo político:
Resistir no es simplemente aguantar: es apostar a que la legitimidad y la verdad puedan sobrevivir más tiempo que la sospecha.
Y eso, en la política contemporánea de México, es una apuesta que rara vez se gana.
