Y UNA GOBERNADORA EN REBELDÍA
Chihuahua: manual para perderse en la sierra y toparse con la ley.
En la sierra de Chihuahua, donde el mapa es herramienta de mano, el camino lento y la madrugada mezcla el olor de los pinos con presagios de muerte, ocurrió algo que en México siempre suena a novela pero que acaba en carpetas de investigación: un operativo, un convoy, un barranco… y dos versiones oficiales que no caben en el mismo expediente.
Primero nos dijeron que sí: que había agentes extranjeros participando en el desmantelamiento de un narco laboratorio.
Luego nos dijeron que no, que en realidad eran “instructores”, almas pedagógicas especializadas en drones que, por razones casi literarias, terminaron pidiendo un ride al Ejército en medio de la nada.
Entre una versión y otra: cuatro muertos.
Entre una narrativa y otra, el derecho.
La política mexicana tiene una superstición: si una historia cambia lo suficiente, deja de ser problema jurídico y se convierte en problema de comunicación.
Pero es falso.
La ley no se distrae con adjetivos; pregunta por hechos, mandos y autorizaciones.
Pregunta, por ejemplo, ¿quién decidió que agentes extranjeros estuvieran ahí, haciendo exactamente qué, bajo qué marco y con qué permiso?
Ahí empieza el silencio útil.
La gobernadora Maru Campos —hoy rebelde pero no inocente—ha dicho no saber.
Es una frase que en política sirve para casi todo: para ganar tiempo, para ordenar la casa, para medir daños.
En derecho penal sirve para una sola cosa: para obligar al que acusa a probar lo contrario.
Porque la responsabilidad no nace del cargo sino del conocimiento y del dolo — de la imposibilidad razonable de ignorarlo—.
En el otro extremo del tablero, el fiscal César Jáuregui Moreno—hoy cesante pero no a salvo— ensayó el difícil arte de la versión mutable: primero afirmó, luego matizó, después corrigió.
La ley, que no es sentimental, suele llamar a eso por su nombre: inconsistencia relevante.
Y cuando la inconsistencia se ubica justo donde debería haber claridad —la naturaleza de un operativo y la presencia de agentes extranjeros es injerencia—, deja de ser torpeza y se convierte peligrosamente en encubrimiento.
Porque el punto no es si había o no extranjeros —eso ya no es discutible—, sino qué hacían ahí.
Capacitar no es operar. Observar no es intervenir.
Y la línea que separa una cosa de la otra no la dibuja un boletín de prensa, sino el marco constitucional.
El Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no fue escrito para la sierra, pero aplica igual entre los barrancos:
Los estados de la federación no pueden comportarse como si fueran sujetos de política exterior.
Ellos no negocian, no pactan, no se coordinan con potencias extranjeras por su cuenta.
Porque esa puerta la abre —y la cierra— la federación.
De ahí la pregunta incómoda: si no fue la federación, ¿quién? Y si fue la federación, ¿por qué el estado habló primero y se corrigió después?
En este punto aparece el término favorito de la temporada: Traición a la Patria.
Suena grande, cabe en titulares, convoca indignación.
Pero el Código Penal Federal es mucho menos dramático que la Tribuna del Senado.
Para que exista ese delito se requiere algo más que desorden y algo menos que una novela: coordinación con un actor extranjero + daño a la soberanía + mala intención. Tres piezas.
Sin una de ellas, el rompecabezas no se arma.
Y aunque que las tres sean muy obvia y demostrables, nos causa afrenta, tanto que podría llevarnos a un enfrentamiento, terreno donde somos inferiores.
Por ahora, faltan pruebas.
Pero lo que sí hay —y no es menor— es un catálogo más pedestre y más demostrable: posible ejercicio indebido del servicio público, posibles actos de encubrimiento, posible obstrucción.
Delitos menos épicos, pero con mejor tasa de éxito en tribunales.
La épica sirve para la política; la prueba, para las sentencias.
Mientras tanto, el caso acumula capas:
Una comisión estatal que investiga lo federal (y se absuelve a sí misma), una invitación del Senado, que se declina por prudencia y competencia, y un edificio —la célebre “Torre Centinela” administrada por el poderoso Grupo Seguritech — con un piso asignado a las Agencia de Espionaje y Desestabilización del Gobierno progresista; que en el imaginario ya hospeda a medio Washington, aunque en el expediente aún no hospede pruebas.
En medio de todo, la única brújula fiable es la más aburrida: la cadena de mando.
¿Quién autorizó? ¿Quién sabía? ¿Quién calló? La justicia no se pierde en la sierra; sigue esas tres veredas.
Si la respuesta termina en una oficina estatal, habrá responsabilidades.
Si termina en una ventanilla federal, habrá otras.
Si no termina en ningún lado, quedará lo de siempre: un país donde las versiones viajan más rápido que los hechos, y donde la ley llega —cuando llega— a recoger los restos.
Ibargüengoitia habría dicho que en México las tragedias tienen vocación de comedia administrativa.
Aquí la risa se atora en la garganta: no por falta de ironía, sino por exceso de preguntas que no encuentran al destinatario.
La más simple, la más obstinada, la única que importa: ¿Quién dio la orden?
Pero esa pregunta si tiene respuesta, solo que es de pronósticos reservados, y también tiene destinatario, es un ogro naranja, poderoso, inestable e iracundo, que no busca quien se la haga, si no quien se la pague…
