EL COSTO REAL DE UN CONGRESO SOBREDIMENSIONADO.
El Congreso es caro cuando la representación política cuesta más de lo que produce.
En política comparada hay una regla incómoda: los países más ricos no necesariamente gastan menos en política, pero sí obtienen más resultados de ella.
México, en cambio, parece haber construido un Congreso grande para una economía todavía pequeña.
—“Gobierno rico con pueblo pobre”—
La aritmética es simple y, por lo mismo, incómoda.
El Congreso mexicano está integrado por 628 legisladores federales —500 diputados y 128 senadores— para una población cercana a los 130 millones de habitantes.
Cada legislador representa, en promedio, poco más de 200 mil ciudadanos. Hasta ahí, la cifra no resulta extraordinaria en términos internacionales.
El problema aparece cuando esa estructura se cruza con la productividad económica del país.
El PIB per cápita mexicano ronda los 14 mil dólares anuales. —Clase media baja—
Es decir, México tiene una economía de ingreso medio con una estructura legislativa comparable en tamaño a la de potencias económicas.
La comparación internacional lo vuelve evidente.
Estados Unidos tiene 535 legisladores federales, menos que México, pero su PIB per cápita supera los 80 mil dólares.
Cada congresista estadounidense representa una economía seis veces más grande que la que representa un legislador mexicano.
El costo operativo por oficina legislativa es alto, incluso muy alto, pero está respaldado por una economía que multiplica su productividad.
Suiza ofrece otro contraste todavía más revelador.
Su parlamento federal tiene 246 miembros y un PIB per cápita cercano a los 147 mil dólares, uno de los más altos del mundo.
Pero la clave suiza no está en el tamaño del Congreso, sino en su filosofía institucional: el modelo parlamentario de “milicia”.
Muchos legisladores no viven exclusivamente de la política, mantienen actividades profesionales fuera del parlamento y la estructura burocrática es deliberadamente austera.
El resultado es una combinación que parece paradójica: uno de los países más ricos del planeta con uno de los parlamentos más baratos de operar.
En América Latina, el contraste más incómodo para México es Uruguay.
Con apenas 129 legisladores, Uruguay mantiene un ingreso por habitante cercano a los 26 mil dólares, casi el doble del mexicano.
Su Congreso es pequeño, relativamente estable y con reglas partidarias que han reducido la inflación política que suele caracterizar a otros sistemas latinoamericanos.
México, en cambio, sostiene un Congreso más amplio y más costoso en relación con su riqueza nacional.
Si se divide el presupuesto operativo —nada más de la Cámara de Diputados— entre sus integrantes, el costo promedio para mantener a un legislador y su estructura ronda los 900 mil dólares anuales.
No es el más caro del mundo, pero sí uno de los más caros en proporción al ingreso del país. —sin incluir el factor corrupción—
Ahí aparece la verdadera pregunta.
¿Por qué países con economías similares logran estructuras legislativas más compactas y eficientes?
La respuesta no está en el salario de los legisladores ni en el número de asesores. El factor decisivo es institucional.
Los países con congresos más eficientes comparten tres rasgos:
a) reglas fiscales estrictas, b) burocracias parlamentarias profesionales y c) baja captura clientelar del poder legislativo.
En México ocurre lo contrario.
El Congreso no sólo legisla; también funciona como un espacio de gestión y distribución política.
Las subvenciones a los grupos parlamentarios, las negociaciones presupuestales y los incentivos electorales de corto plazo inflan el aparato legislativo más allá de lo que la economía nacional soporta y puede justificar.
La consecuencia es una paradoja que atraviesa buena parte del sistema político mexicano:
Una sobre-representación institucional que no se traduce en mayor productividad económica. —los diputados son políticos en tránsito y son poco productivos—
En otras palabras, el tamaño del Congreso mexicano refleja mejor la lógica del reparto político que la lógica de la eficiencia estatal.
Los países más ricos no son aquellos que pagan poco a sus políticos. Sino aquellos donde la política produce estabilidad, reglas claras y confianza suficiente para que la economía crezca.
México todavía paga un Congreso con ambiciones de potencia… mientras su productividad institucional sigue siendo la de una economía media.
Y esa diferencia, tarde o temprano, termina pasando la factura.
Porque, como advertía Antonio Gramsci, cito de memoria —los cuadernos de la cárcel—“las instituciones no sólo administran el poder: también revelan la calidad histórica de una sociedad.
Cuando la política se vuelve más costosa que la riqueza que la sostiene, deja de ser el instrumento de organización productiva y comienza a transformarse en un sistema parasitario de auto-preservación”.
En ese punto, el problema ya no es el tamaño del Congreso.
Es la distancia entre la representación política y la realidad material del país.
Y cuando esa distancia se vuelve demasiado grande, la historia encuentra la manera de corregirla.
Culiacán, Sin. A 18 de marzo 2026
