EL PLAN “B” DE SHEINBAUM: CONVERTIR EL REVÉS LEGISLATIVO EN UN BUMERANG POLITICO.
La conferencia mañanera de hoy 12 de marzo fue algo más que un anuncio administrativo: dejó una operación política en tiempo real; ídem nuestro comentario…
La presidenta Claudia Sheinbaum decidió nombrar lo ocurrido en la Cámara de Diputados no como una derrota legislativa, sino como punto de inflexión.
Y en política, la forma en que se nombra un hecho suele ser más importante que el hecho mismo.
“Yo no negocio los privilegios, deben desaparecer” “Yo no miento, no robo y no traiciono al pueblo; y es por eso que tenemos la confianza, la credibilidad y la aprobación del pueblo”
El llamado Plan B aparece entonces como una jugada de reposicionamiento.
No es una reforma constitucional —esa puerta se cerró por falta de mayoría calificada—, sino una estrategia de desplazamiento del campo de batalla.
Cuando el Congreso no concede la arquitectura constitucional, el poder intenta rediseñar el tablero desde la legislación secundaria y la arena de la opinión pública.
En ese sentido, el Plan B tiene tres movimientos claramente identificables.
El primero es reinstalar el argumento moral de la austeridad política.
Reducir costos de congresos locales, revisar privilegios legislativos y cuestionar el gasto del sistema electoral no es solamente una medida administrativa: es un mensaje político dirigido al electorado.
El gobierno intenta colocar a sus adversarios en una posición incómoda: defender estructuras institucionales que, ante la opinión pública, pueden presentarse como costosas o burocráticas.
El segundo movimiento consiste en trasladar el debate a la ciudadanía mediante consultas populares.
Con ello se busca algo más que legitimidad:
Se intenta convertir un conflicto parlamentario en un plebiscito político. Es una táctica clásica del poder ejecutivo cuando el equilibrio legislativo limita sus reformas.
El tercer componente —quizá el más audaz— es la idea de adelantar la revocación de mandato.
Si se concreta, el gobierno no solo abriría una válvula de evaluación política anticipada, sino que también colocaría a la oposición frente a un dilema estratégico:
Oponerse a un mecanismo de participación ciudadana o enfrentarse a una consulta donde el capital político presidencial sigue siendo respetable; factor insoslayable.
Dicho de otro modo: el Plan B no busca únicamente modificar leyes; busca reconfigurar el clima político en el que esas leyes se discuten.
Porque en realidad el episodio revela algo más profundo: revela una nueva correlación de fuerzas del poder en México.
La mayoría legislativa del oficialismo sigue siendo amplia, pero ya no es suficiente para modificar la Constitución sin negociar.
Eso significa que el gobierno deberá aprender a operar en un terreno menos cómodo: el de las mayorías simples, la presión pública y la construcción de consensos parciales.
No es la primera vez que ocurre en la historia política mexicana.
Cuando las reformas estructurales se bloquean en el Congreso, los gobiernos de la 4T suelen recurrir a dos caminos: la legislación secundaria o la legitimidad plebiscitaria.
El Plan B intenta recorrer ambos. —“sin satanizar a nadie por sus ideas políticas”
La pregunta de fondo no es si el gobierno perdió una votación.
La pregunta es qué hará con esa derrota.
Y lo que se observó en la mañanera sugiere que el Ejecutivo ha optado por una lógica muy conocida en la política contemporánea:
Convertir cada obstáculo institucional en una narrativa de confrontación democrática, polarizando de cara al pueblo.
Porque en el fondo, lo que está en disputa no es solamente una reforma electoral.
Lo que está en juego es quién definirá el relato de la democracia mexicana en los próximos años.
Y en política —como advertía Antonio Gramsci— el poder real no se ejerce solo en las instituciones, sino en “la capacidad de construir sentido común y apelar a el”.
El Plan B, en ese contexto, no es cacería de brujas pero tampoco es retirada.
Digamos que es un cambio de trinchera.
Culiacán Sin. 12 de marzo 2026.
