¿Quién tiene el poder de nombrar el fracaso de un Estado… y con qué propósito político lo hace?
Ahí es donde empieza el verdadero universo conceptual de soberanía.
Porque el concepto de “Estado fallido” no es solamente una categoría académica; también es una herramienta narrativa de poder. Es una etiqueta geopolítica.
Es un dispositivo de legitimación internacional.
Y, en ciertos momentos históricos, se convierte en un pretexto para deslegitimar a un gobierno por su modelo económico, por su política social o por sustentar una ideología….
El punto fino es este:
Un Estado no se vuelve “fallido” únicamente porque en el exista violencia, corrupción o narcotráfico.
Si así fuera, habría que declarar estados fallidos a numerosos países centrales del capitalismo contemporáneo, incluyendo a las potencias occidentales donde existen mafias financieras, sufren crisis de opioides, padecen racismo estructural, practican el espionaje ilegal, soportan el paramilitarismo o la captura corporativa del Estado.
La diferencia no está en comprender o no; ni en cuantas vertientes tiene el problema mismo.
La diferencia está en quién o quienes conservan el poder y la capacidad para calificar y narrar el “estado fallido”.
Desde la perspectiva clásica de Max Weber, el Estado existe mientras conserve el dominio legal racional y el monopolio legítimo de la fuerza sobre su territorio.
Pero en la práctica contemporánea ocurre algo mucho más complejo:
Son muchos los Estados que comparten, negocian o disputan espacios de poder con actores económicos, bandas criminales, facciones militares, consorcios mediáticos; o con empresas transnacionales sin tener que desaparecer por ello como Estados.
Entonces aquí aparece una distinción fundamental:
Un Estado con violencia no es automáticamente un Estado fallido.
Un Estado con corrupción no es automáticamente un Estado fallido.
Un Estado con regiones conflictivas tampoco lo es.
El “Estado fallido” auténtico aparece cuando colapsan simultáneamente sus estructuras de poder y su capacidad para ejercer autoridad y garantizar la convivencia, a saber:
A)la capacidad territorial, B) la legitimidad política, C) la administración pública, D) la provisión básica de servicios, y E) la cohesión mínima del pacto social.
Es decir: cuando el Estado deja de ser árbitro y se convierte en ruinas administrativas, con rezagos sociales mayores a sus haberes económicos: que son rezagos que superan su capacidad de operación política integradora.
Por eso Somalia en los años noventa o Haití en ciertos periodos, son los ejemplos más cercanos al concepto duro de “Estado fallido” que son países con violencia intensa y continuada, aunque conservan un funcionamiento institucional persistente.
Aquí entra un punto decisivo, uno que ya nos lo insinuaba la crítica gramsciana en sus cuadernos de la cárcel, que fueron adoptados por intelectuales poscoloniales Ranajit Guha y Guyatri Spivak, para desarrollar sus propias Teorías del Subalterno.
El término “Estado fallido” suele operar bajo una premisa silenciosa: porque existe un único modelo válido de Estado moderno, generalmente occidental, liberal y alineado al orden geopolítico dominante.
Quien se aparta de ese molde corre el riesgo de ser clasificado como:
“frágil”, “fallido”, “autoritario”, o “canalla”.
Y allí la categoría deja de ser puramente técnica para convertirse en arma ideológica.
Porque un país puede:
Mantener elecciones, recaudar impuestos, sostener ejército, operar universidades, construir infraestructura, ejecutar programas sociales, mantener comercio internacional, y conservar reconocimiento diplomático pleno…
…y aun así, ojo: puede ser presentado mediáticamente como “Estado fallido” si llega a resulta incómodo para determinados los intereses geopolíticos estratégicos del imperio.
Ahí es, donde el concepto se cruza con la propaganda.
Antonio Gramsci nos había dicho que la hegemonía no consiste únicamente en dominar por la fuerza, sino en poder determinar, las categorías con las que la sociedad interpreta la realidad.
Porque nombrar y categorizar: es gobernar.
Y aquel se arrogue el poder de definir, qué Estado es “normal”, “democrático”, “fallido” o “canalla”: puede definir también:
Qué intervenciones son aceptables, qué sanciones se justifican, qué gobiernos merecen reconocimiento, y cuáles pueden ser aislados, presionados o intervenidos.
Por eso el concepto de “Estado fallido” produce tanta controversia en América Latina, África y Medio Oriente.
