No entiendo lo que aconteció en la diligencia o el acto procesal que ordenó un juez penal para el esclarecimiento de los hechos en las causas penales que se le siguen al rector de la UAS Jesús Madueña Molina y a su abogado general Robespierre Lizárraga.
Concedida y obsequiada la orden de cateo que la fiscalía solicitó con el específico objetivo de permitir el ingreso de los peritos contables nombrados por la representación social (FGE) para que estos especialistas revisaran la documentación física necesaria y las bases de datos o registros computacionales, con el fin de robustecer la denuncia por abuso de autoridad, la fiscalía debió solicitar el auxilio de la fuerza pública con el rompimiento de candados y cadenas, como normalmente se autoriza en los cateos para su debida materialización; incluso, los cateos son sorpresivos y sigilosos no se telegrafian, como en el presente asunto.
De otra suerte son nugatorios, entiendase, inútiles, ineficaces. Pueriles y hasta ridículos. Cualquier abogado con mediana instrucción y práctica jurídica lo entiende así.
A los ladrones no se trata con algodones. Se les juega con sus mismas armas, pero dentro del marco de la ley. La sorpresa y la contundencia no son ilegales, son recursos legítimos de las instituciones de impartición y procuración de justicia.
Un cateo que deviene en un parto de los montes, pone en entredicho las capacidades institucionales y personales de la Fiscalía y de la Fiscal, Sara Bruna Quiñones, otrora denominada “jueza de hierro” por su actuación inflexible en el caso de corrupción en contra del malovista Armando Villarreal, ex Secretario de Finanzas del tristemente célebre MALOVA.
Proporción guardada, recapitulemos el juicio por sustracción de documentos y obstruccion de la justicia por parte del ex presidente gringo Donald Trump.
El fiscal o District Attorney que llevaba el asunto en Nueva York, para darle mayor solidez a su denuncia en contra del “agente naranja”, solicitó un cateo a realizarse en el domicilio de Trump en su residencia de Maralago, en la Florida, cateo que se realizó sigilosamente y de forma contundente en la propiedad y posesiones de el ex presidente del país mas poderoso del mundo.
Aquí, en nuestras latitudes, las “autoridades” universitarias y su enorme aparato mediático han dicho, perversamente, que la fiscalía solicitó los cateos por carecer de pruebas contundentes en contra de los dos imputados/ procesados. Un cateo es un acto de indagación en un sitio privado o institucional. La UAS, es una institucion que se debe ceñir al marco de la ley.
La cacareada autonomía no es kriptonita que impida la actuación o la realización de un mandato judicial. El rector Madueña no tiene fuero, ni tampoco su director jurídico. Son ciudadanos comunes y corrientes, amparados por un escudo mediatico en que han convertido a la UAS y a sus personas en excepciones a la ley, de la que no gozamos la gente de a pie.
Y lo más grave: es un indebido proceso legal a su favor y en contra de los intereses generales de la sociedad. La victimización sin causa sigue su curso. Legal y mediaticamente se han blindado como si fueran ciudadanos de excepción, en lugar de ser juzgados como delincuentes de cuello blanco, que parece ser su exacta denominación, por más porras y vivas que les acompañan durante este tortuoso asunto.
Asunto preocupante: en Sinaloa no debe de prevalecer la impunidad en contra de los poderosos y la aplicacion de la ley a rajatabla a los que carecen de poder político. Madueña y Lizárraga hacen gala de su poder y se burlan de las instituciones de impartición y procuración de justicia.
El show debe de terminar. La ley es la ley tope donde tope. Por más que ese tope se autonombre como autonomía impune que cobija a una pandilla de delincuentes de cubículo que sin dilación tendrían que ser sometidos al imperio de la ley.
