En política suele decirse que la seguridad es la primera obligación del Estado.
Sin embargo, existe otra responsabilidad igual de trascendental: garantizar las condiciones para que la economía funcione.
Cuando una sociedad pierde empleos, cierran negocios y la inversión se paraliza, no sólo enfrenta una crisis económica; enfrenta un problema de gobernabilidad.
La advertencia del Colegio de Economistas de Sinaloa de que el estado vive una emergencia económica no debe verse como una opinión aislada ni como una postura política.
Debe entenderse como una llamada de atención respaldada por indicadores que reflejan una realidad que miles de familias viven todos los días:
Menos oportunidades, menor consumo, incertidumbre y un creciente desánimo para emprender o invertir.
La economía no responde a discursos optimistas. Responde a la confianza.
Y la confianza se construye con instituciones sólidas, seguridad jurídica, paz social y políticas públicas capaces de incentivar la producción y el empleo.
Cuando esos elementos se debilitan, el capital busca otros destinos y los ciudadanos comienzan a pagar el costo.
Sinaloa ha sido históricamente un estado con enorme potencial agrícola, comercial, industrial y logístico.
Cuenta con empresarios competitivos y trabajadores capaces.
Lo que hoy limita ese potencial no es la falta de talento, sino un entorno que ha reducido la capacidad de crecimiento.
Ante este panorama, la discusión pública no debería centrarse únicamente en el intercambio de responsabilidades entre distintos órdenes de gobierno.
Lo verdaderamente importante es construir una estrategia conjunta que permita recuperar la actividad económica.
La emergencia exige coordinación, no confrontación.
Resulta indispensable fortalecer los apoyos a las pequeñas y medianas empresas, impulsar la inversión productiva, agilizar la obra pública con transparencia, generar incentivos fiscales donde sea posible y garantizar condiciones de seguridad que permitan a los empresarios desarrollar sus actividades con normalidad.
La política económica debe convertirse nuevamente en una prioridad del gobierno.
También corresponde al Poder Legislativo asumir un papel más activo.
No basta con aprobar presupuestos; es necesario promover reformas que faciliten la inversión, reduzcan la carga burocrática y fortalezcan la competitividad del estado.
Los legisladores deben convertirse en gestores del desarrollo económico y no únicamente en administradores del debate político.
La historia demuestra que las grandes crisis también representan oportunidades para corregir el rumbo.
Pero el primer paso siempre es reconocer la realidad. Negar los problemas nunca los resuelve.
Sinaloa necesita una agenda de reconstrucción económica que trascienda partidos, ideologías y procesos electorales.
Porque mientras la política discute quién tendrá el poder mañana, miles de familias se preguntan cómo sostendrán su economía hoy.
Al final, el éxito de un gobierno no se mide únicamente por las obras que inaugura o los discursos que pronuncia.
Se mide por la tranquilidad con la que una familia puede abrir su negocio, conservar su empleo y planear su futuro.
Esa es, en esencia, la verdadera dimensión de la política.
Abogado por Escuela Libre de Derecho de Sinaloa
Maestria en Gestion y Politica Publica-UAdeO
