Hay épocas en las que las pruebas parecen estorbar.
Basta un rumor, una filtración o una declaración para que se levante el tribunal de la opinión pública, donde abundan fiscales espontáneos, jueces de ocasión y verdugos de tiempo completo.
En ese foro no existe la presunción de inocencia, el debido proceso ni la carga de la prueba; basta con que la sospecha resulte políticamente rentable.
El debate suscitado por un eventual regreso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya ha puesto nuevamente sobre la mesa una pregunta que trasciende a cualquier persona:
¿Debe prevalecer el Estado de derecho o la sentencia anticipada de la plaza pública?
Las últimas semanas han sido pródigas en desplegados, columnas, mesas de análisis, declaraciones partidistas, posicionamientos de colegios de abogados, organismos civiles y dirigentes de oposición.
Todos coinciden en un punto:
Antes de pensar en un eventual regreso del gobernador deben conocerse las investigaciones derivadas de los señalamientos formulados desde los Estados Unidos.
Hasta ahí, el planteamiento resulta perfectamente legítimo.
Toda sociedad democrática tiene derecho a exigir transparencia, rendición de cuentas y el esclarecimiento de cualquier investigación.
Lo que deja de ser legítimo es querer convertir una investigación en una condena anticipada.
Porque una investigación no es una sentencia.
Una acusación no constituye una prueba. Y una opinión, por respetable que sea, jamás sustituye una resolución judicial.
Precisamente por eso sorprende la notable elasticidad con la que algunos aplican los principios constitucionales.
Mientras se sostiene que Rubén Rocha Moya no debería regresar al cargo aun cuando no exista resolución judicial firme que suspenda sus derechos políticos, esos mismos comentaristas reconocen sin dificultad que Gerardo Vargas Landeros conserva intacto su derecho a participar en el proceso interno de Morena, aunque eventualmente aspirar a la gubernatura, —eventualmente un escaño federal — precisamente porque no pesa sobre él una sentencia condenatoria.
Es decir, el mismo principio constitucional parece tener dos velocidades.
Para unos, la presunción de inocencia permanece intacta. Para otros, basta la sospecha para extinguir derechos políticos ganados con votos.
Pero el Estado de derecho no funciona así.
Los derechos constitucionales no se otorgan por simpatía ni se suspenden por antipatía. No dependen del editorial del día, del número de columnas publicadas o del volumen de las redes sociales. Dependen exclusivamente de la ley.
Otro aspecto merece igualmente atención:
Una parte importante de la oposición parece haber decidido sustituir la construcción de una alternativa política por una estrategia de judicialización permanente del debate público.
Porque cuando escasea el capital político propio, resulta tentador concentrar todos los esfuerzos en administrar el desgaste del adversario.
Es una estrategia comprensible. Pero insuficiente.
Las elecciones no se ganan únicamente administrando el descrédito ajeno; también requieren construir confianza propia.
Por eso llama la atención que algunos sectores pretendan hablar en nombre del “pueblo”, cuando los resultados electorales más recientes muestran una realidad bastante distinta.
Los partidos opositores, junto con buena parte de las organizaciones que hoy monopolizan el debate mediático, representan una expresión legítima de la pluralidad democrática, pero no pueden confundirse con la totalidad de la sociedad sinaloense.
Los medios de comunicación cumplen una función indispensable. Los colegios de profesionistas enriquecen el debate.
Las organizaciones civiles fortalecen la democracia.
Pero ninguno de ellos cancela ni sustituye la voluntad popular expresada en las urnas ni las facultades que la Constitución reserva exclusivamente a las autoridades electas por mayoría.
Una democracia sana necesita periodistas críticos. Buenos ganadores y buenos perdedores.
Necesita oposición vigorosa.
Necesita ciudadanos exigentes pero respetuosos.
Lo que no necesita son tribunales paralelos donde primero se dicta la sentencia y después, si sobra tiempo, se buscan las pruebas.
Quizá esa sea la enseñanza más importante de esta coyuntura. No se trata de defender personas.
Se trata de defender principios.
Porque los principios sólo sirven cuando se aplican incluso a quienes no nos simpatizan.
El día que aceptemos que un editorial puede sustituir una sentencia, que una acusación extranjera basta para cancelar derechos constitucionales o que el rumor tenga mayor fuerza que el debido proceso, habremos dejado de vivir bajo el Estado de derecho para regresar, sin advertirlo, a los tiempos del Santo Oficio.
Cambiaríamos las togas por los micrófonos.
Las hogueras por las tendencias.
Los edictos por los encabezados.
Pero la inquisición seguiría siendo la misma.
Y entonces ya no importará quién ocupe hoy el banquillo de los acusados.
Porque mañana cualquiera podrá ser el siguiente.
