La comentocracia sinaloense corre el riesgo de volver a tropezar con la misma piedra:
Confundir la coyuntura con la historia. El nombre de Rubén Rocha Moya ha desplazado al verdadero protagonista del debate.
Y cuando eso ocurre, la discusión deja de ser jurídica para convertirse en un pleito de simpatías políticas.
Quien reduzca el momento a la defensa o condena anticipada de un gobernador está observando apenas la superficie del problema.
El fondo es mucho más delicado. Lo que hoy está sometido a escrutinio no es únicamente la situación legal de un servidor público mexicano; es la capacidad del Estado mexicano para ejercer plenamente su soberanía frente a una potencia extranjera.
Conviene recordar dos precedentes que marcaron la relación bilateral.
El primero fue el caso del doctor Humberto Álvarez Machain.
Más allá de las acusaciones que enfrentaba, el Gobierno de México emprendió una vigorosa defensa diplomática y jurídica porque el secuestro de un ciudadano mexicano por agentes vinculados a autoridades estadounidenses representaba una violación al derecho internacional y a la jurisdicción nacional.
Décadas después ocurrió el caso del general Salvador Cienfuegos.
Tampoco entonces el gobierno mexicano discutió primero la inocencia o culpabilidad del militar. Lo que exigió fue respeto a los mecanismos de cooperación, al debido proceso y a la soberanía del Estado mexicano.
Al final, Washington retiró los cargos y repatrió al general para que las autoridades mexicanas ejercieran sus facultades constitucionales.
La doctrina nunca fue proteger personas. Fue proteger instituciones.
Por eso resulta pertinente la pregunta formulada por la presidenta Claudia Sheinbaum:
Si efectivamente una agencia estadounidense intervino en territorio mexicano durante la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, ¿quién mintió? La interrogante no pretende absolver criminales ni descalificar la cooperación bilateral.
Busca establecer si existió una actuación extraterritorial al margen de los mecanismos acordados entre dos Estados soberanos.
Ahí radica la diferencia que algunos analistas, deliberadamente o por precipitación, prefieren ignorar.
Nadie sensato sostiene que un funcionario público deba quedar al margen de la justicia.
Si existen pruebas suficientes contra cualquier gobernador, senador, alcalde o servidor público, que sea investigado y procesado con todo el peso de la ley. Lo contrario sería defender la impunidad.
Pero aceptar que un gobierno extranjero pueda investigar, operar o ejecutar acciones unilaterales dentro del territorio nacional sin la participación institucional del Estado mexicano constituye un precedente infinitamente más grave que cualquier expediente individual.
Porque hoy puede tratarse de un narcotraficante; mañana podría ser un empresario, un político, un militar o cualquier ciudadano mexicano.
La soberanía no se defiende cuando resulta políticamente rentable; se defiende precisamente cuando hacerlo implica resistir la tentación de convertir la justicia en espectáculo y la diplomacia en subordinación.
Quizá por eso una parte de la comentocracia sigue discutiendo si Rubén Rocha es culpable o inocente, mientras el verdadero debate transcurre varios escalones arriba.
La historia no recordará quién ganó una mesa de análisis televisiva ni quién obtuvo más aplausos en redes sociales. Recordará si México fue capaz de sostener un principio elemental del derecho internacional: que ninguna nación, por poderosa que sea, puede ejercer facultades de autoridad dentro del territorio de otra sin su consentimiento.
Porque cuando un Estado renuncia a defender su soberanía en nombre de la conveniencia política, ya no está administrando justicia; está administrando su propia renuncia.
Y esa sí sería una derrota histórica.
Poe eso cabe la pregunta ¿qué Estado queremos ser cuando un gobierno extranjero decide actuar dentro de nuestras fronteras?
El Estado de Antonio López de Santa Anna o el que Juárez nos legó…
