México parece estar entrando en una nueva etapa económica.
La posibilidad de fortalecer las relaciones comerciales con Europa abre oportunidades de inversión, generación de empleo, innovación tecnológica y diversificación de mercados.
En un contexto en el que la relación con Estados Unidos enfrenta incertidumbre y el futuro del T-MEC plantea interrogantes, ampliar los vínculos con otros socios estratégicos parece una decisión acertada.
Hasta ahí, el panorama resulta alentador.
Sin embargo, el optimismo económico comienza a enfrentar límites cuando se confronta con la realidad nacional.
Existe una pregunta incómoda que rara vez ocupa el centro del debate: ¿puede un país consolidarse como potencia económica mientras enfrenta una crisis persistente de violencia?
La respuesta parece evidente.
El crecimiento económico y la cooperación internacional requieren una condición básica: seguridad.
Sin estabilidad, la inversión se vuelve más cautelosa; cuando la inversión se retrae, el crecimiento pierde dinamismo.
Pueden anunciarse inversiones multimillonarias, nuevos acuerdos comerciales y proyectos industriales, pero mientras amplias regiones del país continúen afectadas por la inseguridad, cualquier promesa de desarrollo encontrará límites claros.
Las empresas extranjeras no toman decisiones únicamente con base en salarios competitivos o disponibilidad de recursos.
La calidad de la mano de obra mexicana es una de las principales fortalezas del país, pero la seguridad también pesa.
Una empresa evalúa infraestructura, rutas de transporte, estabilidad social, costos operativos y niveles de riesgo.
Cuando aumenta la violencia, se elevan los costos de operación; cuando aumentan los costos, disminuye la competitividad; y cuando disminuye la competitividad, las inversiones comienzan a buscar destinos más estables.
En otras palabras, la violencia termina convirtiéndose en un impuesto invisible que no aparece en las facturas, pero que todos terminan pagando.
Las cifras ayudan a dimensionar el problema.
De acuerdo con datos derivados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del INEGI, el costo total asociado a delitos e inseguridad para las unidades económicas superó los 124 mil millones de pesos, mientras que el costo promedio por empresa rebasó los 54 mil pesos.
Además, más de 1.3 millones de negocios fueron víctimas de algún delito.
Ese impacto no golpea por igual.
Mientras una gran corporación puede absorber gastos adicionales en vigilancia, seguros o logística, una pequeña o mediana empresa tiene mucho menos margen para resistir.
Para una PyME, cada gasto adicional reduce su capacidad de crecimiento. Menor margen significa menos inversión, menos expansión y menos oportunidades.
Cuando permanecer en la formalidad comienza a resultar más costoso, muchos pequeños negocios terminan operando en condiciones más precarias o desplazándose hacia la informalidad.
En el campo, la situación tampoco es menor.
La violencia no solo afecta a las personas; también altera cadenas productivas completas.
Productores que buscan exportar pueden enfrentar bloqueos, extorsiones o condiciones que dificultan operar con normalidad.
El problema dejó de ser aislado: tan solo en los primeros meses de 2024 se registraron más de 3,700 víctimas de extorsión, equivalente a 31 casos diarios.
Una región puede producir más, abrir nuevos mercados e incluso encontrar compradores internacionales; pero si no puede mover mercancías con seguridad, parte de su potencial económico pierde valor.
Un tratado puede abrir oportunidades comerciales en Bruselas, pero una carretera detenida por la violencia puede cerrarlas en cuestión de horas.
Y aquí aparece una contradicción que debería preocuparnos: México parece avanzar hacia dos realidades paralelas.
Por un lado, existe un país que incrementa exportaciones, atrae inversiones y proyecta su potencial ante el mundo. Por otro, existe un país donde millones de ciudadanos siguen viviendo entre la incertidumbre y el miedo cotidiano.
Tal vez el verdadero desafío no sea elegir entre Estados Unidos y Europa.
Tampoco consiste únicamente en firmar nuevos acuerdos o atraer más capital extranjero.
El reto podría estar mucho más cerca: resolver las fracturas internas que durante años han limitado el desarrollo nacional.
Porque de poco sirve anunciar miles de millones en inversiones si la población no percibe cambios reales en su vida diaria. Una nueva etapa económica difícilmente puede sostenerse sobre una estructura social debilitada.
Intentarlo sería caminar sobre una cuerda floja.
México cuenta con recursos, ubicación estratégica, industria y una mano de obra capaz de competir en cualquier mercado.
El potencial siempre ha estado ahí. Lo que ha faltado es la capacidad para cerrar las heridas internas que durante años han frenado ese potencial.
Europa puede representar una gran oportunidad, pero ningún tratado, ninguna inversión y ningún discurso económico pueden sustituir la responsabilidad de construir un país seguro.
Porque las economías pueden crecer entre cifras y conferencias; las naciones, no.
Y quizá ahí se encuentra la verdadera pregunta: ¿queremos ser un país que presume crecimiento ante el mundo o un país donde ese crecimiento pueda sentirse en las calles?
Porque ningún país se convierte en potencia cuando las condiciones que generan riqueza avanzan más lento que los problemas que la desgastan.
