La geometría variable de la justicia
En política exterior, Marco Rubio acostumbra hablar con la firmeza de quien parece haber encontrado respuestas simples para problemas complejos.
Desde la tribuna del poder exige mano dura contra narcotraficantes, restricciones migratorias para quienes tengan antecedentes criminales y una vigilancia implacable sobre gobiernos extranjeros.
Sin embargo, como ocurre con frecuencia en los laberintos de Washington, la biografía familiar introduce matices que el discurso oficial prefiere mantener fuera de cuadro.
Y es precisamente en esos matices donde suele esconderse la diferencia entre la justicia como principio y la justicia como conveniencia.
Por décadas, Estados Unidos ha exportado al mundo una narrativa invariable: la lucha contra el narcotráfico exige mano dura, tolerancia cero y castigos ejemplares.
Desde Washington se dictan certificaciones, se aplican sanciones, se elaboran listas negras y se giran advertencias dirigidas a gobiernos extranjeros bajo la premisa de que el crimen organizado debe combatirse sin concesiones.
Hoy, uno de los principales portavoces de esa visión es Marco Rubio.
Como Secretario de Estado de la administración Trump, Rubio se ha convertido en una de las voces más agresivas contra los cárteles latinoamericanos.
Ha respaldado restricciones migratorias, endurecimiento de visados, designaciones de organizaciones criminales como grupos terroristas y una estrategia regional de presión diplomática contra gobiernos considerados permisivos frente al narcotráfico.
Sin embargo, la historia tiene una arista: Orlando Cicilia…
Orlando Cicilia, el cuñado incómodo, en cuya casa vivió Marco Rubio su adolescencia en compañía de su hermana Bárbara, fue condenado en los años ochenta por delitos relacionados con una importante red de tráfico de cocaína en Florida.
El caso fue ampliamente documentado por medios estadounidenses y formó parte de una de las operaciones antidrogas más importantes de aquella época.
Hasta ahí, el asunto podría considerarse un episodio familiar ajeno a la carrera política del actual Secretario de Estado.
Nadie elige a sus familiares ni debe responder penalmente por ellos.
Pero el debate adquiere otra dimensión cuando se conoce que, después de cumplir 12 años de condena, Cicilia su cuñado, recibió apoyo institucional de Marco Rubio para obtener una licencia profesional que facilitara su reintegración a la vida productiva.
Y aquí surge la pregunta que la política no ha logrado responder satisfactoriamente:
Si la reinserción social fue válida para un miembro de su familia, ¿por qué el mismo principio parece desaparecer cuando se trata de migrantes, extranjeros o ciudadanos de otros países involucrados en delitos similares?
La contradicción no es jurídica; es política; sin dejar de observar su carácter humano.
Porque el propio discurso que hoy impulsa Marco Rubio parte de la idea de que determinados antecedentes criminales deben convertirse en una marca permanente que justifique restricciones migratorias, cancelaciones de visa o expulsiones del territorio estadounidense.
La paradoja es evidente.
Cuando el condenado era un familiar cercano, la narrativa fue la de darle segunda oportunidad.
Cuando se trata de miles de migrantes latinoamericanos, la narrativa suele ser la de la exclusión permanente.
Aclarando: que ser migrante no es equiparable a ser narcotraficante en automático.
Como es el caso documentado y público del cuñado de Marco Rubio.
Nadie sostiene seriamente que Rubio participó en actividades criminales de su cuñado.
Tampoco existe evidencia pública que lo vincule a aquellas operaciones de narcotráfico.
Lo relevante no es la responsabilidad penal, sino la coherencia política.
La historia revela algo más profundo: la persistente tendencia de Washington a dividir el mundo entre los errores propios y los pecados ajenos.
Estados Unidos exige a México, Colombia, Venezuela y otros países resultados inmediatos en la lucha contra las drogas, mientras rara vez reconoce que el narcotráfico también ha florecido dentro de sus fronteras, impulsado por una demanda interna gigantesca y por redes criminales que durante décadas operaron en ciudades estadounidenses.
Por eso el caso de Orlando Cicilia, cuñado incómodo de Rubio trasciende la anécdota familiar.
No habla únicamente de un cuñado narcotraficante.
Habla de la elasticidad moral con la que frecuentemente se ejerce el poder.
Porque cuando la ley toca a los nuestros, aparece el lenguaje de la comprensión, la reinserción y las segundas oportunidades.
Cuando toca a los otros, emerge la retórica de la expulsión, la amenaza y el castigo.
Y es precisamente en esa diferencia donde se encuentra el verdadero problema.
No el pasado de Marco Rubio. Sino la geometría variable de la justicia que representa.
Quizá la lección más interesante de esta historia no tenga que ver con Orlando Cicilia ni con los viejos expedientes del Miami de los años ochenta.
Tal vez la verdadera enseñanza sea que, en ciertos círculos del poder, la reinserción social es una virtud admirable cuando ocurre dentro de casa y una sospechosa indulgencia cuando cruza una frontera.
Después de todo, las segundas oportunidades parecen ser un derecho universal… siempre y cuando el beneficiario lleve el apellido correcto.
Y esa, más que una política antidrogas, parece una vieja costumbre imperial disfrazada de doctrina moral
Al final, el debate no gira alrededor de Orlando Cicilia, ni siquiera de Marco Rubio. Gira alrededor de una pregunta mucho más incómoda:
¿La justicia debe medirse por la gravedad de los hechos o por la cercanía de los afectos?
Porque cuando los nuestros merecen comprensión y los demás únicamente castigo, ya no estamos frente a una política de principios, sino frente a una política de privilegios.
Y en esa frontera difusa entre la moral proclamada y la moral practicada suele esconderse la más antigua de las hipocresías del poder.
