Más allá de la duda razonable: el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa
No es necesario ser más lógico que el resto de los mortales, ni el más acucioso de los analistas.
Tampoco resulta indispensable despojarse de prejuicios, filias y fobias; ni siquiera de esas pequeñas vanidades intelectuales que, para qué negarlo, suelen acompañarnos.
Basta observar con atención, sin encono, sin pasión y sin el pernicioso sesgo opositor, para reconocer, dentro del contexto político —local, nacional e internacional, por obvias razones— que rodea el caso del gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; los pasos que corresponde dar.
Y entre ellos apareció el que hasta ayer era el gran interrogante político: el timing de su regreso al tercer piso de Palacio de Gobierno para retomar las riendas del Ejecutivo estatal.
Hoy el interrogante dejó de serlo: Rubén Rocha Moya regresó a su puesto.
Era una posibilidad anunciada, pero no por ello menos impactante.
Porque una cosa es contemplar el escenario del regreso y otra muy distinta observar cómo el escenario se convierte en hecho político.
Es de reconocer su temple y su proverbial espíritu de lucha, así como su vocación de servicio al no abdicar de sus responsabilidades constitucionales, aun cuando la Fiscalía no haya rendido públicamente un informe sobre el estado que guarda la carpeta de investigación.
Pero también es necesario reconocer otra virtud:
La madurez de dejar transitar la duda razonable.
Preguntar antes que sentenciar.
Distinguir antes que confundir.
Esperar la evidencia antes que abrazar la sospecha.
Y, ante la ausencia de prueba suficiente, ponerle freno al ensayo, a la especulación y al juicio anticipado.
Después de todo, para eso inventamos las leyes:
Porque sabemos que somos capaces de equivocarnos.
Y quizá ésta sea la mayor paradoja de nuestra imperfectamente deliciosa condición humana:
Construimos instituciones para contener nuestras pasiones y luego ponemos nuestras pasiones al frente de las instituciones.
Por eso me quedo con una convicción sencilla:
Si queremos vivir bajo el imperio de la ley, debemos exigirla incluso cuando su aplicación favorezca a alguien que no nos gusta.
De lo contrario, no estamos defendiendo la justicia.
Estamos defendiendo nuestra propia conveniencia uniformada de justicia.
Y entonces, ante el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura, debo decirlo con toda claridad: no me corresponde juzgarlo.
Su regreso es un hecho político. No es, por sí mismo, una sentencia de inocencia ni una sentencia de culpabilidad.
Es el retorno de un gobernador constitucional al ejercicio de las responsabilidades para las que fue electo.
Lo que corresponde ahora es que las instituciones hagan lo que les toca: investigar, informar, probar y resolver conforme a derecho.
Porque nadie debería ser linchado por la opinión pública antes de ser juzgado por la ley; y ningún gobierno, mexicano o extranjero, debería pretender que una acusación tenga más fuerza que las pruebas que la sostienen.
Porque cuando la sospecha adquiere categoría de sentencia y la presión política sustituye al procedimiento legal, el problema deja de ser la naturaleza de la sospecha per se.
El problema somos nosotros.
El lector queda solo frente al espejo: con sus prejuicios, sus simpatías, sus certezas y —ojalá— la pequeña duda razonable.
Porque esa duda, en una democracia de cualquier edad, no es debilidad intelectual: es higiene republicana.
Acusación no es sentencia.
Sospecha no es prueba.
Licencia no es destitución.
Y poder político no sustituye al Estado de derecho.
