<\/p>\n\n\n\n
Una lectura constitucional para distinguir entre la regulaci\u00f3n democr\u00e1tica y la censura.<\/strong><\/p>\n\n\n\n En Derecho, la primera v\u00edctima de la polarizaci\u00f3n suele ser la jerarqu\u00eda normativa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n En las \u00faltimas semanas el debate nacional sobre los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias ha transitado por dos carriles paralelos. Uno, pol\u00edtico; el otro, jur\u00eddico. <\/strong><\/p>\n\n\n\n El primero ha estado dominado por consignas: unos denuncian un intento de censura; otros responden que s\u00f3lo se trata de reglamentar derechos ya reconocidos por la ley. <\/strong><\/p>\n\n\n\n El segundo, el jur\u00eddico, ha permanecido casi ausente de la conversaci\u00f3n p\u00fablica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Esta columna propone abandonar, por un momento, la arena de la confrontaci\u00f3n para ingresar al taller de interpretaci\u00f3n constitucional. <\/strong><\/p>\n\n\n\n No pretende convencer al lector de una postura pol\u00edtica determinada. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Pretende ofrecerle herramientas para responder una pregunta m\u00e1s importante: <\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00bfQu\u00e9 dicen realmente la Constituci\u00f3n, la ley y los principios del Estado de derecho?<\/strong><\/p>\n\n\n\n I. El primer error del debate<\/strong><\/p>\n\n\n\n Existe un principio elemental de la teor\u00eda jur\u00eddica: los reglamentos no crean derechos; desarrollan los derechos que la ley previamente reconoci\u00f3.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Si esa premisa es correcta, la discusi\u00f3n no puede comenzar con los lineamientos sometidos a consulta p\u00fablica. Debe iniciar con la ley que les sirve de fundamento.<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00c9sa es la primera ense\u00f1anza metodol\u00f3gica: antes de juzgar un reglamento, hay que identificar la norma que le da origen.<\/strong><\/p>\n\n\n\n II. La evoluci\u00f3n de un mismo principio<\/strong><\/p>\n\n\n\n La protecci\u00f3n de las audiencias no apareci\u00f3 de la noche a la ma\u00f1ana. Es el resultado de una evoluci\u00f3n legislativa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La legislaci\u00f3n de 2014 incorpor\u00f3 un cat\u00e1logo de derechos para quienes reciben los contenidos de radio y televisi\u00f3n. <\/strong><\/p>\n\n\n\n La reforma de 2025 conserv\u00f3 esa l\u00f3gica y la desarroll\u00f3 mediante una nueva sistem\u00e1tica normativa, reafirmando que la radiodifusi\u00f3n constituye un servicio p\u00fablico de inter\u00e9s general, ejercido mediante concesiones sobre un bien que es de la Naci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La secuencia normativa puede resumirse as\u00ed: <\/strong><\/p>\n\n\n\n Primero, se reconoce la libertad de expresi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s, se reconocen los derechos de las audiencias.<\/strong><\/p>\n\n\n\n M\u00e1s tarde, se crean mecanismos para hacerlos efectivos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Y finalmente, se establecen lineamientos para hacer operativos esos mecanismos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Vista desde esa perspectiva, la consulta p\u00fablica no inaugura un derecho nuevo; representa el desarrollo de un proceso legislativo que viene construy\u00e9ndose desde hace varios a\u00f1os.<\/strong><\/p>\n\n\n\n III. \u00bfQu\u00e9 protege realmente la ley?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los art\u00edculos 250, 253 de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusi\u00f3n reformada en julio del a\u00f1o 2025, recogen y desarrollan los derechos de las audiencias que fueron incorporados por la legislaci\u00f3n de telecomunicaciones de 2014, por lo tanto, comparten la misma filosof\u00eda jur\u00eddica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La ley no ordena a los medios adoptar una determinada l\u00ednea editorial. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Tampoco autoriza al Estado a decidir qu\u00e9 opiniones pueden difundirse.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Lo que exige es otra cosa:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Que la audiencia pueda distinguir hechos de opiniones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Que la publicidad no se disfrace de informaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Que exista pluralidad en el espacio p\u00fablico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Que se respeten la dignidad humana y los derechos de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Que los concesionarios cuenten con una Defensor\u00eda de las Audiencias para atender reclamaciones y emitir recomendaciones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n As\u00ed, el sujeto protegido deja de ser \u00fanicamente quien comunica.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/strong><\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n lo es quien recibe la informaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n IV. Libertad de expresi\u00f3n y derechos de las audiencias<\/strong><\/p>\n\n\n\n Aqu\u00ed surge la pregunta decisiva.<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00bfPuede coexistir la libertad editorial con los derechos de las audiencias?<\/strong><\/p>\n\n\n\n La respuesta constitucional es s\u00ed.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los derechos fundamentales no viven aislados. Conviven, se limitan rec\u00edprocamente y deben armonizarse mediante criterios de proporcionalidad.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La libertad de expresi\u00f3n protege al periodista y al medio para investigar, opinar y difundir ideas sin censura previa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los derechos de las audiencias protegen al ciudadano para recibir informaci\u00f3n diferenciada, transparente y plural.<\/strong><\/p>\n\n\n\n No son derechos enemigos. Son derechos concurrentes.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El conflicto aparece \u00fanicamente cuando alguno pretende anular al otro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n V. El verdadero examen constitucional<\/strong><\/p>\n\n\n\n La discusi\u00f3n de fondo no consiste en negar la existencia de los derechos de las audiencias, pues \u00e9stos ya fueron reconocidos por el legislador.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La pregunta jur\u00eddicamente relevante es distinta:<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00bfLos lineamientos desarrollan los art\u00edculos 250 y 253, o terminan ampliando facultades que la propia ley no autoriz\u00f3?<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00c9sa es la prueba que deber\u00e1 superar cualquier regulaci\u00f3n. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Si los lineamientos se limitan a hacer operativos los derechos previstos por la ley, se mantienen dentro del marco de legalidad. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Si crean restricciones nuevas, controles editoriales o mecanismos incompatibles con la libertad de expresi\u00f3n, corresponder\u00e1 a los tribunales ejercer el control de constitucionalidad y de convencionalidad, a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos y del principio pro persona.<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00c9se es el terreno donde debe darse el debate.<\/strong><\/p>\n\n\n\n VI. El taller del ciudadano<\/strong><\/p>\n\n\n\n Una democracia madura no exige ciudadanos que memoricen consignas. Exige ciudadanos capaces de leer una norma antes de condenarla o celebrarla.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La libertad de expresi\u00f3n no puede defenderse a costa del derecho de la audiencia a recibir informaci\u00f3n clara, plural y diferenciada. Del mismo modo, los derechos de las audiencias no pueden convertirse en un pretexto para instaurar mecanismos de censura o control pol\u00edtico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Entre ambos extremos existe una frontera constitucional que s\u00f3lo puede recorrerse con argumentos, no con adjetivos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Tal vez \u00e9sa sea la ense\u00f1anza m\u00e1s valiosa de esta discusi\u00f3n. <\/strong><\/p>\n\n\n\n En tiempos de polarizaci\u00f3n, la funci\u00f3n del jurista, del periodista y del ciudadano consiste en devolver el debate al lugar que nunca debi\u00f3 abandonar: el texto de la ley, los principios constitucionales y la raz\u00f3n p\u00fablica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n